Tegucigalpa, Honduras.— En una sesión marcada por la tensión política y fuertes cuestionamientos al manejo institucional del Poder Legislativo, diputados de las bancadas de oposición aprobaron una resolución que solicita la captura del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien acusan del presunto delito de traición a la patria.
La resolución fue aprobada por unanimidad de los 74 diputados presentes, con dispensa de dos debates, lo que permitió su adopción inmediata. El documento instruye a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público, para que procedan conforme a la ley e investiguen las acciones atribuidas al titular del Legislativo.
Según lo expuesto por los diputados opositores durante la sesión, Luis Redondo habría incurrido en conductas que —a criterio de los promoventes— vulneran el orden constitucional, exceden sus atribuciones y ponen en riesgo la institucionalidad democrática del país. Los congresistas argumentaron que las decisiones adoptadas por la presidencia del Congreso han sido “unilaterales, ilegales y contrarias al interés nacional”.
La moción fue respaldada por legisladores del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otras fuerzas políticas no alineadas con el oficialismo, quienes coincidieron en que el Congreso atraviesa una de sus mayores crisis de credibilidad y gobernabilidad desde el inicio del actual período legislativo.
Durante el debate, varios diputados señalaron que Redondo ha actuado de forma reiterada sin respetar los procedimientos parlamentarios, ignorando resoluciones judiciales, vulnerando la separación de poderes y promoviendo agendas políticas que, según ellos, responden a intereses partidarios y no al mandato constitucional del Congreso Nacional.
“Hoy no se trata de una persecución política, sino de defender el Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente del Congreso”, expresó uno de los jefes de bancada de la oposición, quien sostuvo que la resolución busca sentar un precedente de responsabilidad política y penal.
La aprobación de la resolución se dio en medio de un ambiente de confrontación, con llamados constantes al orden y reclamos sobre la legalidad de la convocatoria y la conducción del pleno. A pesar de ello, la votación se realizó sin objeciones formales y quedó consignada en actas legislativas.
Desde el oficialismo, diputados cercanos a Libertad y Refundación (Libre) han rechazado la resolución, calificándola como un “acto político sin sustento jurídico” y advirtiendo que no tiene efectos vinculantes sobre los órganos encargados de la persecución penal. No obstante, la oposición sostiene que el pronunciamiento del Congreso tiene un alto peso político e institucional.
Hasta el cierre de esta nota, Luis Redondo no había emitido una reacción oficial, aunque en ocasiones anteriores ha negado cualquier acusación en su contra y ha afirmado que sus actuaciones están amparadas en la ley y en resoluciones judiciales que, según él, respaldan su gestión.
Analistas políticos consideran que esta resolución profundiza la crisis entre las fuerzas políticas del país y podría escalar el conflicto entre el Congreso Nacional, el Ministerio Público y otros poderes del Estado, en un contexto ya marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana.
La oposición advirtió que dará seguimiento a la resolución y que continuará impulsando acciones legales y políticas para, según sus palabras, “restablecer el orden constitucional y frenar los abusos de poder”, mientras el país observa con expectativa el desenlace de un nuevo capítulo en la convulsa escena política hondureña.
