16 de enero de 2026
El exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, lanzó este viernes duras críticas contra la presidenta saliente Xiomara de Zelaya y su esposo, el exmandatario y actual asesor presidencial Manuel “Mel” Zelaya, a quienes acusó de haber utilizado la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) únicamente como una promesa electoral, sin intención real de cumplirla.
Según Jiménez Mayor, desde el inicio del actual gobierno existía plena conciencia de que la CICIH no sería instalada, pese a que fue uno de los compromisos más emblemáticos de la campaña que llevó al poder al partido Libertad y Refundación (Libre). A su criterio, la propuesta careció de sustancia y voluntad política, ya que una misión internacional con capacidades reales de investigación habría tenido consecuencias legales y políticas para diversos actores del poder.
“Fue una promesa al viento, una promesa de campaña. Ellos sabían que jamás iban a instalar una misión internacional porque eso habría implicado consecuencias para ellos mismos y para sectores políticos mucho más amplios”, afirmó el exfuncionario, al sostener que la corrupción en Honduras no se limita a un solo partido, sino que atraviesa múltiples instituciones del Estado.
Jiménez Mayor señaló que la ausencia de la CICIH terminó beneficiando no solo a dirigentes de Libre, sino también a otros actores políticos y estructuras tradicionales, al evitar investigaciones profundas que hubieran expuesto redes de corrupción de mayor alcance. En ese sentido, lamentó que se haya generado una expectativa ciudadana “absolutamente infundada” alrededor de una propuesta que, desde su origen, no contaba con un diseño claro ni con respaldo político suficiente para concretarse.
En referencia al reciente proceso electoral y al retroceso del oficialismo en las urnas, el exvocero de la MACCIH interpretó el resultado como un castigo directo de la ciudadanía a la gestión gubernamental. A su juicio, el electorado expresó su descontento ante el incumplimiento de promesas clave y la falta de avances reales en materia de transparencia y combate a la corrupción.
“Ha sido un proceso electoral muy ajustado, pero finalmente es una consecuencia de lo que ha hecho o dejado de hacer el propio gobierno. La población habló y el mensaje es claro”, expresó, al subrayar que la credibilidad del discurso anticorrupción se fue erosionando con el paso del tiempo.
Consultado sobre la posibilidad de que un nuevo Congreso Nacional impulse reformas reales para enfrentar la corrupción, Jiménez Mayor se mostró escéptico. Aseguró que los recientes acontecimientos en el Ministerio Público, particularmente los relacionados con el fiscal Luis Javier Santos, anticipan un panorama complejo para los próximos años, marcado por el debilitamiento y desmantelamiento de instituciones clave.
En ese contexto, advirtió que el nuevo gobierno heredará un Ministerio Público sin mayores obstáculos internos para el poder político, mientras el actual Fiscal General continúe en funciones por un periodo adicional. Esto, a su juicio, reducirá las probabilidades de investigaciones independientes y fortalecerá el control político sobre el sistema de justicia.
“Las cosas van a seguir como estaban. No habrá cambios reales, salvo que el Congreso tome una decisión política firme de enfrentar el problema de la corrupción, algo que resulta difícil de imaginar en el contexto actual”, sostuvo el exvocero en declaraciones brindadas al medio TSi.
Jiménez Mayor también reconoció abiertamente el control que ejercen los partidos políticos desde el Congreso Nacional sobre las instituciones judiciales, una práctica que —según dijo— socava los estándares de transparencia, limita el monitoreo de la gestión pública y debilita la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Para concluir, afirmó que la remoción del fiscal Luis Javier Santos representa un golpe directo a la lucha contra la impunidad en Honduras y reiteró que las entidades de justicia no deben responder a cuotas partidarias ni a intereses políticos. “Sin independencia judicial, cualquier discurso anticorrupción se convierte en retórica vacía”, sentenció.
Las declaraciones de Jiménez Mayor reavivan el debate sobre las promesas incumplidas del gobierno saliente y dejan en evidencia los desafíos que enfrentará Honduras para reconstruir la confianza ciudadana y retomar una agenda creíble de combate a la corrupción en los próximos años.
