Tegucigalpa, Honduras — La investigación periodística conjunta de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium ha puesto al descubierto que el desfalco de millones de lempiras de fondos estatales no se limitó únicamente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sino que extendió su alcance a otras instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores vinculados al partido Libre.
El exministro de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, y la diputada Isis Cuéllar han sido señalados como piezas clave en el manejo irregular de recursos públicos, en medio de una investigación que el Ministerio Público sigue desarrollando y que ya mantiene a varias personas imputadas y en proceso de declarar ante la justicia. Según el ente acusador, hasta ahora son 12 los imputados relacionados con este caso.
Una red más amplia de desvíos
Las pesquisas periodísticas han demostrado que, entre 2023 y 2025, fondos públicos por cientos de millones de lempiras —provenientes de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), de Sedesol y de otros entes del Estado— fueron utilizados bajo un esquema que permitía a diputados gestionar recursos sin mecanismos de control claros.
Los informes oficiales señalan que:
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La SGJD manejó desembolsos por cerca de 947 millones de lempiras destinados a proyectos sociales que terminaban en ONG y entidades vinculadas a dirigentes políticos.
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La Sedesol reportó movimientos de recursos y adjudicaciones de proyectos sin registros verificables de ejecución.
Cardona, en su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reconoció que mecanismos similares de asignación de fondos operaron en varias dependencias del Estado, no solo en Sedesol.
ONG con fondos millonarios y poca transparencia
La investigación identificó que organizaciones como Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE) recibieron más de 150 millones de lempiras sin evidencia pública de auditorías técnicas, criterios exigibles de evaluación o mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
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AMO, recién inscrita legalmente en 2024, había recibido adjudicaciones desde al menos un año antes de su formalización.
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MUE, registrada desde 2021, manejó enormes sumas públicas pese a que no hay documentación verificable de actividades ejecutadas o resultados alcanzados.
Ambas ONG están dirigidas por personas con vínculos políticos y han sido contratadas para ejecutar proyectos en múltiples departamentos, aunque en muchos casos no existen evidencias claras de obras concluidas, o los trabajos son de mala calidad o inexistentes en el terreno.
Avance judicial y líneas de investigación
El Ministerio Público continúa indagando tanto a funcionarios como a terceros implicados en el uso de recursos públicos bajo este esquema. Las líneas abiertas incluyen analizar el papel de otros entes estatales y de funcionarios ligados a la asignación de fondos, con la posibilidad de identificar a más involucrados conforme avanza la investigación.
