**TEGUCIGALPA, HONDURAS — ** En un giro legal de alto impacto en el polémico caso conocido como “hospitales móviles”, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este viernes 13 de febrero de 2026 un recurso de amparo presentado por la defensa de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora. La medida, que incluye la suspensión del acto reclamado —es decir, de la resolución de la Corte de Apelaciones que mantiene el proceso judicial en curso— detiene de forma temporal la ruta procesal regular del caso mientras se analiza el fondo del amparo.
La decisión fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien detalló que el amparo fue presentado contra una resolución del Tribunal de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción que había desestimado ciertos planteamientos de la defensa de Tábora. Actualmente, el caso se encuentra en la fase de admisibilidad dentro de la Sala Constitucional, que deberá determinar si la defensa puede seguir cuestionando actos procesales en instancias superiores.
¿Por qué se presentó el amparo?
Según explicó Duarte, la defensa técnica de Tábora interpuso el recurso como consecuencia de la recusación de uno de los magistrados del tribunal que conocía la causa. Argumentaron que ese juez había participado previamente en otro proceso relacionado, lo que, a su juicio, podría afectar la imparcialidad de la decisión. Mientras se resuelve sobre este punto, la Sala Constitucional decidió suspender temporalmente el acto reclamado, con lo que se paraliza momentáneamente el avance normal del proceso penal.
Las autoridades judiciales subrayaron que esta suspensión es de carácter provisional y solo aplica para Tábora mientras se decide definitivamente sobre el fondo del recurso. En contraste, el resto de los imputados vinculados al caso sigue con la tramitación ordinaria de sus causas, e incluso la Corte Suprema ha reagendado una nueva audiencia para abril del 2026.
El caso que ha sacudido al país
La exministra Rocío Tábora Morales fue titular de la Secretaría de Finanzas durante el segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018–2022) y es señalada por el Ministerio Público por presunto fraude y violación de los deberes de los funcionarios en la compra de siete hospitales móviles por un total de 47,5 millones de dólares durante la pandemia de COVID-19, una de las compras más controvertidas de los últimos años en Honduras.
Tábora fue arrestada en noviembre de 2023 en la frontera con Nicaragua, bajo órdenes de captura mientras intentaba salir del país. Desde entonces ha enfrentado un proceso penal que la llevó incluso a recuperar su libertad bajo ciertas condiciones, incluyendo problemas de salud que fueron argumentados por su defensa para alegar su defensa en libertad en fases anteriores del proceso.
Impacto y antecedentes judiciales
El caso de los hospitales móviles representa no solo una de las mayores acusaciones de corrupción ligadas a la emergencia sanitaria de la pandemia, sino también una compleja red de imputados y decisiones judiciales. Por ejemplo:
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El exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, fue condenado en 2022 a 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado en la compra de los mismos hospitales.
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El exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, fue sancionado con una inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser encontrado responsable de violación de deberes de funcionario.
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En el mismo proceso se han identificado otros implicados, como Carlos Luis Guevara, Héctor Ferrera y Daniel Ardón, quienes junto a Tábora enfrentan acusaciones ligadas a la trama de corrupción que rodeó la compra que nunca cumplió con las especificaciones sanitarias requeridas y generó millonarias pérdidas al erario estatal.
Repercusiones políticas y judiciales
El recurso de amparo admitido este viernes ha generado reacciones en diferentes sectores, tanto políticos como de la sociedad civil. Para los defensores de Tábora, la medida responde al derecho constitucional de cuestionar decisiones judiciales y garantizar un debido proceso; para los críticos, este tipo de recursos puede ser visto como una estrategia para dilatar la acción de la justicia penal en casos de alto perfil.
El juicio oral y público, que ya estaba programado para este mismo día de febrero de 2026, ahora vive una incertidumbre temporal debido a la suspensión decretada por la Sala Constitucional. Las próximas semanas serán clave para definir si el proceso contra Rocío Tábora continúa de forma regular o si se reconfigura a medida que se resuelva el fondo del amparo interpuesto.
