Tegucigalpa, Honduras.
A un año del colapso de Koriun Inversiones, el país sigue contando pérdidas: miles de familias afectadas, millones de lempiras evaporados y una herida económica que aún no cicatriza, especialmente en municipios como Choloma y Choluteca. Pero más allá del drama humano y judicial, expertos advierten que Honduras continúa sin las herramientas legales y técnicas necesarias para impedir que una estafa piramidal de esta magnitud vuelva a repetirse.
La responsabilidad del Estado
“La Constitución delega en el Ejecutivo la responsabilidad de cuidar al ciudadano. Es una acción pública. Se debería reforzar la ley de la Comisión e incluso crear otra institución con mayor capacidad técnica y operativa para vigilar estas actividades irregulares”, afirmó.
Mientras tanto, miles de hondureños siguen esperando justicia y, en muchos casos, la recuperación de lo perdido. El caso Koriun no solo expuso la vulnerabilidad de inversionistas atraídos por promesas de ganancias extraordinarias, sino también las debilidades estructurales de un sistema que, hasta ahora, parece reaccionar más tarde que temprano.
El verdadero reto para Honduras no está únicamente en castigar a los responsables, sino en cerrar definitivamente la puerta a futuros esquemas que, bajo otro nombre, podrían repetir la misma historia.
