Tegucigalpa, Honduras – El Congreso Nacional de Honduras aprobó el miércoles por la noche la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa que busca modificar de manera temporal y extraordinaria el manejo del gasto público, la administración estatal y la ejecución de pagos al Estado ante sentencias judiciales.
La ley, declarada de interés nacional, responde a la “situación que hoy afecta las finanzas públicas” y habilita a las autoridades a aplicar medidas fiscales, administrativas y financieras que, según sus promotores, contribuirán a racionalizar el gasto, fortalecer las instituciones y promover el desarrollo económico sostenible.
Facultades ampliadas para el Poder Ejecutivo
Uno de los cambios más importantes es que el Poder Ejecutivo podrá suprimir, fusionar o reducir instituciones públicas, tanto centralizadas como desconcentradas, con el argumento de eliminar duplicidades y gastos innecesarios.
La normativa también permite la reducción forzosa de servicios y personal —incluyendo empleados con nombramiento y contratados— siempre que exista disponibilidad presupuestaria para indemnizaciones. Estas indemnizaciones, una vez pagadas conforme a la ley, extinguen las obligaciones ante tribunales, evitando así acumulación de intereses o mayores cargas para el Estado.
Reglas especiales para sentencias contra el Estado
La ley introduce un nuevo enfoque para el pago de sentencias judiciales que ordenan al Estado a pagar sumas de dinero. Dichos pagos deberán ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de cada institución y no podrán afectar el servicio de la deuda pública, los salarios del personal ni el funcionamiento operativo de las dependencias.
Para ejecutar pagos que requieran reformas presupuestarias, las instituciones dispondrán de plazos específicos: tres meses para reformas al Presupuesto General y un mes para ajustes internos. Si después de 12 meses el pago no se ha cumplido, el juez podría aplicar procedimientos de apremio y la deuda devengará intereses conforme al Código Civil.
Mayor flexibilidad administrativa
La Procuraduría General de la República queda facultada para negociar demandas, realizar arbitrajes y acuerdos extrajudiciales, con la condición de que los convenios que superen cinco millones de lempiras cuenten con dictamen favorable de una comisión especial de diputados y respaldo presupuestario certificado.
Además, las instituciones podrán revisar actos administrativos y contratos previos —como nombramientos, despidos, concursos públicos, obras, adquisiciones, concesiones o licencias— y, de comprobarse incumplimiento de requisitos o falta de provisión presupuestaria, estos podrán ser modificados, anulados o revocados según el caso.
Supervisión y rendición de cuentas
La Secretaría de Finanzas, con aprobación legislativa, tendrá la potestad de trasladar partidas presupuestarias entre gastos corrientes y de capital, lo que se espera otorgue mayor flexibilidad financiera al Ejecutivo.
Para garantizar seguimiento, la ley obliga a los titulares de las dependencias públicas a presentar informes semestrales al Congreso Nacional, detallando los resultados y decisiones adoptadas en el marco de la nueva normativa.
Polémica y reacciones
La aprobación de la ley se dio con 90 votos a favor tras incorporar observaciones de la bancada del Partido Liberal, respaldando así una amplia mayoría multipartidaria en el Legislativo.
Sin embargo, la normativa ha generado alertas entre sectores económicos y sociales, que advierten posibles vulneraciones a derechos laborales y consecuencias negativas si no se aplica con criterios claros y legales, especialmente en materia de despidos y reestructuraciones.
