María Antonieta Mejía, denunció la existencia de “planillazos por todos lados” en distintas instituciones estatales, destacando como caso emblemático el del Sistema Nacional de Emergencias 911
Tegucigalpa, Honduras – 2 de marzo de 2026
Mejía aseguró que más de 1,500 plazas permanentes fueron creadas bajo el régimen de Servicio Civil, generando un impacto presupuestario superior a los 581 millones de lempiras. A su juicio, esta decisión representa una carga financiera fija que compromete a la nueva gestión gubernamental.
La funcionaria calificó el proceso como una “piñata de contrataciones”, argumentando que las plazas habrían sido destinadas a favorecer a militantes y colectivos afines, sin que existiera una planificación técnica que garantizara la sostenibilidad económica del Estado. Incluso señaló que el exceso de personal es tal que “ya no caben en las oficinas”.
Solicitud formal y trámite presupuestario
De acuerdo con un informe en poder de la Procuraduría General de la República, el 20 de enero de 2026 la entonces secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, Lesly Sarahí Cerna, solicitó formalmente a la Secretaría de Finanzas la creación inmediata de 1,751 plazas permanentes para el 911.
La petición fue consignada en el Oficio SGP-SDP-099-2026, dirigido al ministro de Finanzas, Christian Duarte, en el que se solicitaba autorización para una modificación presupuestaria destinada a financiar la contratación dentro del Programa 28 del sistema de emergencias.
Posibles implicaciones legales
La PGR advirtió que cuando una administración saliente adquiere obligaciones permanentes sin contar con respaldo presupuestario aprobado ni estudios técnicos completos, podrían configurarse diversas irregularidades.
Entre las posibles faltas se mencionan abuso de autoridad, en caso de haberse intentado forzar decisiones contrarias a la normativa presupuestaria; violación de los deberes de los funcionarios, si no se garantizó la sostenibilidad financiera; y eventual responsabilidad administrativa o penal si las contrataciones se realizaron sin la debida autorización formal de Finanzas.
El eje de la polémica radica en que estas plazas representarían un gasto fijo anual que compromete las finanzas públicas, sin que exista evidencia pública de un plan técnico que respalde la necesidad real de los nuevos cargos. Además, se cuestiona la rapidez con la que se intentó ejecutar la medida, coincidiendo con la recta final del gobierno saliente.
Patrón de contrataciones en transición
El caso del 911 se suma a otros episodios de contrataciones masivas en instituciones estatales durante períodos de transición gubernamental. Organizaciones de sociedad civil y analistas han señalado que este tipo de prácticas debilitan la institucionalidad y erosionan la confianza ciudadana, al priorizar intereses políticos sobre criterios técnicos y administrativos.
La administración entrante anunció que revisará la legalidad de los acuerdos suscritos y evaluará si procede la anulación de las plazas o la apertura de investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
