Tegucigalpa, Honduras – 5 de marzo de 2026
Ante el alarmante incremento de muertes violentas de mujeres en Honduras, organizaciones feministas alzaron nuevamente su voz para exigir al nuevo gobierno la implementación de mecanismos efectivos, asignación de recursos suficientes y, sobre todo, una verdadera voluntad política para enfrentar la crisis de femicidios que golpea al país.
La integrante de la organización Visitación Padilla, Cristina Alvarado, urgió al Estado hondureño a declarar una emergencia nacional tras contabilizarse más de 41 muertes violentas de mujeres en lo que va del año, una cifra que calificó como “escalofriante” y que refleja la gravedad de la situación.
Alvarado manifestó que las instituciones responsables de garantizar la protección de la vida deben actuar de manera inmediata ante lo que describió como una “situación terrible” que arrebata la vida de mujeres de forma cotidiana en distintas regiones del país.
“Esta situación de violencia femicida en el país es urgente de atender y es necesario que tanto el Estado de Honduras, su gobierno, las instituciones que responden al mandato de protección a la vida de las mujeres actúen de forma inmediata, que efectivamente se establezcan mecanismos, que se dote de recursos, pero sobre todo que se tenga una voluntad política para atender esta situación terrible que le arrebata la vida a las mujeres”, expresó.
Reclamo histórico del movimiento de mujeres
La representante de Visitación Padilla recordó que la demanda de declarar emergencia nacional no es nueva, sino un reclamo sostenido del movimiento feminista hondureño año tras año, ante la persistencia de asesinatos de mujeres que ocurren prácticamente a diario.
“Todos los años nosotras reclamamos este asunto, esa emergencia nacional, porque en este país asesinan a las mujeres a diario, y hoy lo vemos reflejado en estas cifras escalofriantes de más de 41 muertes violentas de mujeres y femicidios”, lamentó.
Según las organizaciones de mujeres, la falta de respuestas contundentes y coordinadas por parte del Estado ha contribuido a mantener altos niveles de impunidad, lo que a su juicio incentiva la repetición de estos crímenes.
Señalamientos al gobierno saliente y llamado al nuevo mandato
Las feministas también señalaron que durante la administración del partido Libertad y Refundación (Libre) no se lograron avances significativos en la prevención y sanción de los femicidios, por lo que demandan que el nuevo gobierno marque una diferencia con acciones concretas y medibles.
Para Alvarado, no basta con discursos o compromisos públicos; es necesario que se fortalezcan las instituciones encargadas de investigar y judicializar los casos, se amplíen los presupuestos destinados a la protección de las mujeres y se implementen políticas integrales de prevención.
Coordinación entre poderes del Estado
En su pronunciamiento, la dirigente feminista subrayó la importancia de que los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— trabajen de manera articulada para garantizar una respuesta más eficiente.
“Creo que es oportuno que actuemos en concordancia, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, que realmente establezcan coordinaciones institucionales que eficienten la respuesta, pero sobre todo que se castigue y se condene a los asesinos de las mujeres”, insistió.
El movimiento de mujeres sostiene que solo mediante una acción conjunta, con investigaciones diligentes, juicios oportunos y sentencias firmes, se podrá enviar un mensaje claro contra la violencia de género y frenar la impunidad que rodea muchos de estos crímenes.
Exigen medidas urgentes y sostenidas
Entre las principales exigencias planteadas se encuentran:
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Declaratoria de emergencia nacional por violencia femicida.
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Asignación de mayores recursos a instituciones encargadas de prevención e investigación.
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Creación y fortalecimiento de mecanismos efectivos de protección para mujeres en riesgo.
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Coordinación interinstitucional permanente entre los tres poderes del Estado.
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Garantía de castigo y condena para los responsables de femicidios.
Las organizaciones feministas reiteraron que la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo tratada como un problema aislado o secundario, sino como una crisis estructural que demanda decisiones políticas firmes y sostenidas en el tiempo.
Mientras las cifras continúan en aumento, el llamado de las defensoras de derechos humanos es claro: el nuevo gobierno tiene la responsabilidad histórica de asumir con seriedad la lucha contra los femicidios y demostrar, con hechos concretos, que la vida de las mujeres en Honduras es una prioridad nacional.
