Tegucigalpa, Honduras — 20 de marzo de 2026
En una decisión que marca un giro importante en la gestión del parque vehicular del país, el Congreso Nacional (CN) aprobó en tercer y último debate un decreto que autoriza al Instituto de la Propiedad (IP) a realizar la compra directa de aproximadamente dos millones de placas metálicas vehiculares, con el objetivo de poner fin a una problemática que ha persistido por más de cuatro años.
La medida surge como respuesta a la prolongada escasez de placas físicas, una situación que obligó a miles de conductores a circular con identificaciones provisionales de papel, generando inconvenientes legales, multas y constantes roces con las autoridades de tránsito. Con la aprobación del decreto, se espera regularizar este proceso y devolver certidumbre a los propietarios de vehículos en todo el territorio nacional.
Durante la discusión legislativa, la diputada proyectista, Gerlen Bonilla, defendió la iniciativa señalando que se trata de una solución urgente ante las múltiples dificultades que enfrentan los ciudadanos. “No es justo que la población sea sancionada por una falla institucional. El Estado debe garantizar la entrega oportuna de placas a quienes cumplen con sus obligaciones”, expresó.
Bonilla subrayó que el decreto permitirá al IP actuar con mayor rapidez en la adjudicación de contratos, eliminando procesos burocráticos que han retrasado la producción y entrega de placas en años anteriores. Asimismo, enfatizó que esta decisión responde a un tema de seguridad nacional, dado que la falta de identificación adecuada de vehículos representa un riesgo para el control y la vigilancia en el país.
En esa misma línea, la congresista Merary Díaz respaldó la aprobación del decreto, destacando que la implementación de placas metálicas no solo beneficiará a los conductores, sino que también fortalecerá las capacidades de seguridad pública. Según explicó, contar con un sistema moderno de identificación vehicular facilitará la integración con plataformas tecnológicas como el sistema de emergencias 911, permitiendo una respuesta más eficaz ante hechos delictivos.
El decreto aprobado no se limita únicamente a la adquisición de placas. También autoriza al Poder Ejecutivo, a través del IP, a implementar un sistema integral que incluye la compra de lectores de placas, instalación de arcos de control en carreteras, comunidades, aduanas y puntos fronterizos, así como la adquisición de servidores, enlaces de comunicación y licencias tecnológicas necesarias para modernizar el sistema.
Uno de los puntos clave de la normativa es que las empresas contratadas deberán garantizar el suministro continuo de placas, evitando así que se repita la escasez que ha afectado al país en los últimos años. Además, se establece que la contratación se realizará sin intermediarios, con el fin de agilizar los procesos y reducir posibles irregularidades.
Las autoridades reconocen que actualmente existe una mora que supera las 800,000 placas pendientes, acumulada en los últimos tres años. Esta situación ha generado no solo pérdidas económicas para el Estado, sino también molestias constantes para los ciudadanos que, pese a haber cumplido con el pago de su matrícula, no han recibido el documento físico correspondiente.
Con la entrada en vigencia de este decreto, se espera que los conductores dejen de enfrentar sanciones injustas y que el país avance hacia un sistema más eficiente, transparente y seguro en materia de registro vehicular. La implementación efectiva de estas medidas será clave para recuperar la confianza ciudadana y garantizar un control más riguroso del parque automotor en Honduras.
