TEGUCIGALPA.- El recientemente aprobado paquete de Reformas Penales que introduce la figura del terrorismo en Honduras amenaza a la libertad de expresión desde distintos ángulos.
En primer lugar está el tema de las protestas y manifestaciones públicas. Como ahora los «actos vandálicos» pueden ser penalizados como Terrorismo, bastaría con que un solo infiltrado en la protesta (sea cual sea el motivo para la misma) aproveche algún momento de caos o distracción para iniciar un incendio dentro de un restaurante, o a un carro en la cercanía, para que las autoridades tengan ipso facto luz verde para capturar y someter a los protestantes ahí presentes.
Todo para que, posteriormente, sean acusados los detenidos de Terrorismo.
Si las autoridades aplican la ley a la antigua usanza (por uno pagan todos), ¿quién estaría dispuesto a salir a protestar? Según muchos políticos, dirigentes y representantes de los Derechos Humanos, esto presupone una violación a los derechos de la gente.
¿Apologías al terrorismo?
Primero definamos esta palabra, «apología»:
Alabanza, defensa o justificación, generalmente encendida o vehemente, de alguien o algo.
Un nuevo artículo dice, textualmente:
«Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento y justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitare a otros u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de 4 a 8 años de prisión».
Es decir, que si por una de esas se le escapa a alguien algún comentario tan siquiera ambiguamente favorable a un «acto vandálico» en un medio de comunicación queda a merced de la intepretación de un juez si va preso o no.
El otro punto importante es que luego dice el artículo «a través de medios de comunicación o difusión». Las redes sociales son medios de difusión. Así que cualquier publicación, comentario (y hasta memes) que puedan ser considerados por las autoridades como «alabanzas» al «terrorismo» supondrían un crimen con 4 a 8 años de prisión.
Para asegurar la libertad de expresión, se debería aclarar en primer lugar qué es exactamente considerado un acto vandálico.
«Los periodistas quedamos a expensas del criterio de un juez al momento de informar sobre un hecho catalogado o no como terrorista», señaló Juan Ramón Mairena, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
Y exactamente lo mismo aplica para todos los hondureños.
