Era alrededor de medianoche cuando la policía de una zona rural del departamento de Olancho, al norte de Honduras, oyó el zumbido inconfundible de un avión a baja altura. Los oficiales encargados del turno de la noche en tres municipios llamaron al jefe de su división y le avisaron que el avión volaba «sin luces». A la 1:15 de la madrugada, el encargado de la división de la policía en uno de los municipios rurales llamó a su jefe de nuevo, esta vez con la noticia de que el avión se había estrellado. Era el 13 de junio de 2012.
Siguió una carrera por encontrar el avión. La policía envió varias patrullas, pero los habitantes del lugar también informaron sobre la presencia de cuatro camionetas llenas de tipos armados hasta los dientes y cubiertos con pasamontañas dando vueltas por la zona, preguntándole a la gente si habían visto u oído dónde podría haber caído el avión.
La policía finalmente dijo haber encontrado el avión a las 5 de la madrugada. Había chocado contra dos árboles, estaba en llamas y tenía los cuerpos muertos de dos colombianos que, según dijeron más tarde las autoridades, piloteaban el avión. Poco después, la policía detuvo tres vehículos que se ajustaban a las descripciones de los habitantes de la zona, y detuvieron a seis hombres. En las camionetas hallaron armas de fuego y municiones.
Uno de los capturados era Miguel Ángel Urbina Soto. La familia Urbina Soto ya era conocida por las autoridades. El hermano mayor de Miguel Ángel, Carlos Fernando Urbina Soto, había sido arrestado y condenado por homicidio. Luego huyó de prisión, y eventualmente había arreglado el caso por fuera de los tribunales.
El menor de los hermanos, Mario Urbina Soto, presuntamente participaba en el comercio de drogas en su ciudad natal, el municipio de Yoro, en el departamento del mismo nombre. Su madre, Lilian Soto, también había sido acusada de homicidio, pero posteriormente fue dejada en libertad.
Las probabilidades de que Mario fuera a ser responsabilizado por sus actividades ilegales eran pocas. Su padre había sido alcalde de Yoro a comienzos de los noventa, y su otro hermano, Arnaldo, fue elegido alcalde del mismo municipio en 2009, unos tres años antes de que ocurriera este hecho.
Su hermana, Diana, era aspirante al congreso, y Arnaldo se estaba posicionando para dirigir el Partido Nacional en el departamento de Yoro. Sus tentáculos políticos se extendían hasta los niveles más altos, y ejercían un fuerte control en los temas locales relacionados con la policía y lo judicial en el área.
Carlos y Arnaldo también habían sido relacionados con el narcotráfico en Yoro, según un informe del Ministerio Público publicado días después del incidente. De hecho, se decía que la familia recibía, almacenaba y transportaba drogas que llegaban por avión a Yoro y al vecino departamento de Olancho. Pero no se habían formulado cargos.
Entretanto, Arnaldo había usado su paso por la alcaldía para consolidar el control de la familia en el poder político y criminal de la región. Ese poder se derivaba, en parte, del cargo de Arnaldo, desde el cual podía controlar el organismo de titulación de tierras, y la oficina que regulaba la industria forestal. Podía coordinar los contratos de obras públicas y más adelante pasaría a liderar la campaña del candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.
En el caso de 2012 en Olancho, la policía interrogó a los seis sospechosos, quienes, según se consignó en el informe del Ministerio Público, les dijeron que estaban comprando «gallos de pelea». Y, aun cuando el ministerio encontró que «no es creíble lo manifestado por ellos», fueron dejados en libertad.
En la aeronave supuestamente encontraron 41 kilos de cocaína, una cifra sorprendentemente baja para acometer un aterrizaje tan riesgoso sin luces. En los informes oficiales de la policía y el Ministerio Público, nadie cuestionó esa minúscula cantidad, pero el ministerio notó que la policía informó que había un helicóptero del ejército en la zona cerca del lugar del accidente, pero «se estaba retirando del lugar desconociendo si [quienes estaban en el helicóptero] habían levantado evidencias del lugar siniestrado». En otras palabras, era posible que alguien se hubiera llevado algunas drogas ilegales al huir.
El informe del Ministerio Público sobre el tema terminaba con una recomendación «Por todo esto, [a] estas personas [la familia Urbina Soto] se les debe continuar investigando porque probablemente continuarán con sus actividades ilícitas».
