Los transportistas destacaron que en caso que el gobierno no quiera atenderlos, van a seguir insistiendo debido a que por el tema mueren muchas personas.
La extorsión es un delito público
Galo agregó que, “le queremos plantear no solo el problema, sino las posibles soluciones que ya les hemos expuesto a las autoridades, pero hasta el momento no hay nada, unos dicen una cosa, otros dicen otra y tiene que haber una solución integral, donde participe el Congreso Nacional, jueces dedicados a la extorsión, deben la extorsión como un delito público”.
Desde horas de la mañana, los transportistas se agruparon en el bulevar Suyapa, en la zona de la Laguna en Comayagüela, en el bulevar Juan Pablo ll, Camosa en Villanueva al oriente de la capital para luego desplazarse de forma conjunta hacia Casa Presidencial, donde llevaban ataúdes como símbolo de los compañeros muertos en el trabajo.
NOS ESTÁN MATANDO
Ya van como 500 atentados, pero las autoridades solo se limitan a preguntar y no investigan nada, como si no fueran humanos y eso es con todos los demás hondureños, hombres y mujeres.
“Prácticamente hay que crear otro calendario para que tenga más días la semana y poder pagar a estos grupos, a parte de la pérdida económica, son vidas humanas, está matando más personas la extorsión que quizá el mismo COVID-19, le pedimos a la Presidenta que nos reciba para que podamos hablar con ella”.
Además, que se tome control de las terminales y que se busque combatir el delito con una verdadera estrategia porque este fenómeno, afecta también a otro tipo de rubros de trabajo, como salones de belleza, pulperías.
La movilización partió desde el Mall Premier a eso de las 9:00 de la mañana por el bulevar Fuerzas Armadas, con rutas del Carrizal, 21 de Febrero, El Pedregal, Loarque, Villas del Sol, Kennedy, Los Pinos, La Alemán y compañeros de la ruta de San Felipe, San Matías, Río Abajo, La Miller, debido a que el problema se agravó interdepartamental, en La Ceiba, Tela, La Paz, San Pedro Sula, etc.
También al menos 24 rutas no pueden laborar debido a que no pueden pagar las grandes tarifas que les exigen las estructuras criminales por lo que prefieren vender sus unidades y cerrar operaciones y en muchos casos huir del país.
