El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó que abogados nacionales e internacionales con las armas necesarias defenderán al Estado de Honduras contra la demanda de 10,775 millones de dólares de Próspera.

En contexto, este grupo propietario de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Roatán, Islas de la Bahía, solicitó un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra Honduras para «proteger» sus inversiones luego que el actual Congreso Nacional derogó dicho régimen fiscal especial.

«Nosotros estuvimos abiertos al diálogo, lamentablemente nunca pudimos sentarnos directamente con los señores de Próspera mandaron intermediarios y nunca llegaron con la intención de conversar y llegar un acuerdo, sino de ponerles condiciones al Gobierno», reveló el funcionario.

Barquero manifestó que tienen «una defensa sólida», no obstante el proceso de demanda puede tomar hasta cinco años antes de una resolución por lo que anunció que el Estado sigue abierto a negociaciones.

En ese sentido, indicó que las otras dos ZEDE existentes en Honduras (Choluteca y Cortés) están en proceso de cambiar de régimen especial fiscal tras conversaciones sin condiciones entre ambas partes, algo que buscaron repetir con Próspera, pero estos se negaron por insistir en firmar un acuerdo de confidencialidad para negociar.

«Si no es posible (acuerdos) nosotros tenemos nuestro equipo de abogados listos para dirimir el conflicto en un arbitraje internacional», sentenció.

Por otra parte, el ministro de Defensa que el arbitraje no afecta el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), pero sí absorberá dinero del Estado y tiempo de funcionarios.

¿De dónde sale la cifra de $10,775 millones?

El representante de Próspera, José Luis Moncada, señaló que la cifra mayor a los $ 10 mil millones equivale al dinero que dejarían de percibir los inversores durante los 50 años de estabilidad jurídica firmados con Honduras bajo la Ley Orgánica de las ZEDE.

«Es una proyección matemática de las pérdidas que puede tener Próspera en caso que el Gobierno de Honduras no reconozca los derechos adquiridos es un marco legal que estaba vigente antes de la derogación», explicó.

Por su parte, Barquero señaló que es poco probable «casi nulo» que el Estado pague ese monto que representa casi el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

«Es una cifra que está fuera de toda realidad y fuera de la capacidad del Gobierno de Honduras para hacer una erogación de ese tipo, las finanzas públicas quebrarían, no había dinero para nada», externó.