La demanda contra el Estado de Honduras fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
La Zona Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera anunció este martes que demandó al Estado de Honduras por hasta 10.775 millones de dólares, unos 265 mil millones de lempiras, debido a que no se ha podido llegar a una » solución negociada» con el Gobierno para que el proyecto continúe luego de que fuera abrogada la ley constitutiva de esa iniciativa.
La instancia fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La ZEDE Próspera, ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, comunicó que ellos hicieron todo lo razonablemente posible para evitar la presentación de las demandas.
Sin embargo, aseguran que «el Gobierno de Honduras sigue negándose a cooperar con nuestros continuos esfuerzos para encontrar una solución negociada dentro de un marco internacionalmente aceptado».
De igual forma, advierten que dependiendo de cómo decida proceder el Gobierno de Honduras, la cuantía de los daños será de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses; y de hasta 10,775 millones de dólares si se pierde toda la inversión de los demandantes.
Disputas y estabilidad jurídica
De acuerdo con los demandantes, la solicitud de arbitraje presentada por Honduras Próspera y sus afiliadas bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), sirve para proteger una inversión estadounidense en Honduras.
Asimismo, exponen que también dan al Gobierno de Honduras la oportunidad de mostrar al mundo que maneja las disputas de inversión de forma razonable.
Los demandantes agregan que Honduras Próspera y sus afiliadas agradecerían que Honduras respete la garantía de estabilidad jurídica de 50 años que ofreció a los inversores estadounidenses en la ZEDE Próspera.
Reiteraron que el Gobierno de Honduras podría mitigar la sustancial responsabilidad a la que se enfrenta bajo el derecho internacional.
Esto, si proporciona garantías claras de que el país no tiene intención de expropiar las inversiones en Próspera o bloquear la creación de puestos de trabajo; o millones de dólares en inversiones de «nearshoring» en Próspera.
«Honduras Próspera y sus afiliadas siguen dispuestas a discutir una solución negociada«, puntualiza el escrito de la ZEDE Próspera.
