Los ataques a Jaraguá no solamente significaron un malgasto de recursos de técnicos, fiscales y
gran cantidad de personal que buscan donde no hay, sino llevarlo a extremos de órdenes de
captura que no tipifican en nuestras leyes, para atentar contra la seguridad y las vidas de
personas honorables, en un movimiento de más de cien efectivos del Ministerio Público desde
Tegucigalpa, en un espectacular operativo simultáneo y coordinado con vehículos,
ametralladoras, drones, radios y equipo especial para capturas de peligrosos delincuentes.
El trabajo sensacionalista y espectacular, exhibiendo capturas logra crear odio hacia personas
inocentes, que se ganan la vida como empresarios, profesionales y técnicos que hacen su trabajo
honradamente y son satanizados en las redes sociales con este despliegue de poder exhibiendo
una “captura ejemplar”de empresarios honestos, para demostrar el celo de ciertos funcionarios
en el “cumplimiento de su deber” y sin importar los miles de empleos que se pueden perder.
Es verdaderamente lamentable que se malgasten los recursos del Estado en levantar todo un
juicio contra una empresa sana y legal que ha estado invirtiendo importantes recursos y es el
polo de desarrollo de el noroeste de San Pedro Sula, un desperdicio de recursos, esfuerzos y
capital, en un acoso sin sentido, que ha durado más de siete años, en lugar de utilizar todos esos
bienes del estado para cubrir tantas necesidades del medio ambiente, como es socorrer la
contaminación de los ríos, los cientos de viviendas de personas desafortunadas que no tienen
recursos para vivir mejor.
Ahora después de cinco agotadores días de juicio, donde se presentaron las acusaciones inconsistentes
y falsas sobre el proyecto habitacional Jaraguá, y las pruebas contundentes de que toda su
operación es absolutamente apegada a la ley y no daña el medio ambiente, finalmente la Corte
Suprema de Justicia exoneró a Jaraguá de todos los supuestos delitos que se le imputaban.
