La iniciativa fue entregada a la secretaría del Congreso adjunta, con 7,044 firmas de ciudadanos hondureños «que solicitan derogar de manera urgente» el artículo 4, literal A del decreto legislativo 04-2022 que contiene la «Ley de Amnistía Política», indicaron los jóvenes en un comunicado.

Según los solicitantes, la normativa es violatoria a la Constitución de la República y por tanto, afecta al pueblo hondureño, pues muchos han abusado de ella, ya que fueron liberados de culpa por delitos de corrupción y no del ámbito político.

En declaraciones públicas, una de las voceras de los más de 7 mil hondureños firmantes de la iniciativa que piden la derogación de la amnistía política, Anyi Gómez, manifestó que «el pacto de impunidad no permite que la CICIH sea instalada en Honduras».

«Solicitamos a la Junta Directiva del Congreso Nacional que por favor le de el procedimiento legislativo y adecuado a esta iniciativa ciudadana», expresó otro de los hondureños.

Los hondureños aseguraron que los firmantes son jóvenes de todas partes del país y de diferentes partidos políticos y organizaciones de sociedad civil.

«Esperamos que esta iniciativa no se vaya a engavetar, dennos justicia y esperanza a los jóvenes de Honduras», exigieron los jóvenes.

¿Qué trámite sigue en el Congreso?

La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana establece que una iniciativa de ley puede ser presentada con las firmas de al menos 3 mil personas y el Congreso está en la obligación de discutirla para su aprobación o no.

Antes de darle el trámite correspondiente, el Congreso solicitará al Registro Nacional de las Personas (RNP) en un plazo no mayor a 15 días la verificación de la autenticidad de las firmas de las personas que respaldan la iniciativa ciudadana.

El RNP debe verificar el nombre completo, número de DNI, huella dactilar, domicilio y firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que presentan la iniciativa de ley.

Pacto de impunidad

El congreso de Honduras aprobó en febrero de 2022 la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como amnistía política o ‘pacto de impunidad’, a iniciativa del partido Libre, en el poder.

La aplicación de esa ley ha beneficiado a unos 60 funcionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (enero 2006-junio 2009), entre ellos el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, señalados por actos de corrupción.

La normativa concede la amnistía a quienes hayan sido acusados por participar en la delitos derivados de su participación en la fallida consulta popular o Cuarta Urna, en junio de 2009, impulsada por Zelaya, la cual había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Como Zelaya insistió en llevar a cabo la consulta, fue acusado por la Fiscalía y la Corte ordenó su detención, la cual ejecutó un comando militar, quien en vez de someterlo a un juzgado lo expulsó a Costa Rica, lo que significó su derrocamiento del poder.

Pero, al asumir la izquierdista del partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, dominado por ese instituto político, aprobó la amnistía a favor de los exfuncionarios de Zelaya.

Según analistas hondureños, este decreto de impunidad podría ser un obstáculo para que la ONU apoye la instalación de un mecanismo anticorrupción, que sería la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) que ha pedido el Gobierno.