La Asociación de Fiscales de Honduras, observando el desarrollo del proceso de elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, el cual se desarrolla en el Congreso Nacional, solicitaron construir acuerdos para la elección de los fiscales.
PRIMERO: El Ministerio Público por disposiciones constitucionales y legales es una institución independiente de los poderes del Estado y apolítica, tiene asignada la enorme tarea de defender los intereses generales de la sociedad, que se traduce en el ejercicio de la acción penal pública.
SEGUNDO: Creemos importante que la clase política del país construya acuerdos que permitan la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, sin mayor dilación, buscando que quienes sean electos muestren idoneidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones.
TERCERO: Hemos expresado desde el inicio del proceso, la necesidad de que las actuales autoridades del Ministerio Público concluyeran su función en el tiempo constitucionalmente previsto, circunstancia que lamentablemente no ocurrió.
CUARTO: Que al no existir consenso debe aplicarse la norma complementaria como es la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 80 que prevé la continuación de los actuales titulares del Ministerio Público hasta no ser elegidos el nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, y si estos no quisieran continuar en el cargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, previene un procedimiento de sustitución en su artículo 18, en el cual se determina que a falta de los titulares de nuestra institución, asume el Director de Fiscales, que si bien, no es lo óptimo, sin embargo, es lo que marca la legalidad vigente en el país, lo cual debe respetarse si realmente nos preciamos de ser un Estado de Derecho.
QUINTO: Rechazamos cualquier intento de nombrar una Junta Interventora o de transición y cualquier otro procedimiento que atente contra el mandato constitucional otorgado al Congreso Nacional para elegir los cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto, facultades que son indelegables de acuerdo a nuestra Carta Magna, pues tales actos constituyen una clara intromisión política, que contrario a fortalecer la institución, le causará un daño irreparable y que sin duda su autoridad y legitimidad será desconocida por los fiscales y demás empleados del Ministerio Público.
La Asociación de Fiscales de Honduras ante el conocimiento de la necesidad de fortalecer el Ministerio Público para dar respuesta a nuestra sociedad, demandamos del Congreso Nacional que procedan de manera inmediata a la elección de fiscal general y fiscal general adjunto, como un deber ineludible como funcionarios públicos y en respeto al mandato constitucional que se les ha delegado por el pueblo hondureño.
