El 15 de diciembre de 2022 marcó un hito en esta colaboración, cuando el Gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de instalar la CICIH.

Sin embargo, este acuerdo, extendido en junio pasado, tiene fecha de vencimiento para el próximo 15 de diciembre.

Ante la proximidad de la fecha límite, Rodolfo Pastor de María, secretario de la Presidencia, expresó la necesidad de buscar una extensión del plazo.

«Bueno, habrá que buscar extender nuevamente el plazo, porque las negociaciones han tomado un plazo más lento del que esperaríamos. Buscaremos que se amplíe o firmar uno nuevo», manifestó.

Parálisis legislativa

El Ejecutivo argumenta que la parálisis legislativa es el obstáculo principal para la instalación de la CICIH. Entre el 31 de agosto y el 31 de octubre, el Congreso Nacional no sesionó debido a la falta de consensos para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto para el período 2023-2026.

La problemática se agudizó el 1 de noviembre, cuando la Comisión Permanente designó de manera interina a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, alegando una supuesta vacancia absoluta.

El grupo de expertos de la ONU encargado de negociar la instalación de la CICIH ha visitado Honduras en tres ocasiones durante este año, manteniendo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.

La instalación de la CICIH en Honduras fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y ha sido reafirmada desde su asunción al poder el 27 de enero de 2022.

Cabe destacar que cualquier convenio futuro entre el Gobierno y la CICIH deberá ser sometido al Legislativo para su aprobación.