sábado, marzo 7, 2026

Cada día, más hondureños son “azotados” por el desplazamiento forzado

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Según el recuento preliminar de las quejas atendidas por el Conadeh en el 2023, el desplazamiento forzado sigue en crecimiento.

Conadeh: Cada día, más hondureños son “azotados” por el desplazamiento forzado
 

El aumento de casos de extorsión, asesinatos, amenazas, trata de personas, homicidios, reclutamiento de menores y despojo de propiedades, impactó en el desplazamiento forzado de personas en el 2023, advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El organismo advirtió que las medidas adoptadas por el gobierno, como la instauración del estado de excepción, no han dado los resultados que espera la población, ya que la violencia no ha disminuido.

A su vez, detalló que, según el recuento preliminar de las quejas atendidas, en el 2023, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que sigue en crecimiento.

Solo en el 2022, se atendieron quejas de 21 municipios del país, expresó la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

CUATRO CIUDADES

Informó que el 77.9 por ciento de los casos se concentró en el Distrito Central (617), San Pedro Sula (313), Choluteca (90) y La Ceiba (84), lo cual tiene una relación estrecha con el alto índice de violencia que presentan las principales ciudades del país.

Según Reyes, hay barrios y colonias donde el desplazamiento forzado está tocando fuertemente a las mujeres, a los comerciantes y a los transportistas, entre otros.

“Constantemente hay rutas del transporte que se paralizan porque no quieren continuar brindando su servicio por la extorsión, que es una de las principales causas que está generando el desplazamiento forzado”, lamentó.

Detalló que modalidades delictivas como la extorsión, las amenazas, los asesinatos y los homicidios obligan a que la gente no solo abandone su casa, sino que su trabajo, su medio de subsistencia y huyan para salvaguardar su integridad física y su vida, muchas veces en compañía de sus familiares.

De las 10,556 quejas atendidas por el Conadeh en el año 2022, el 13.4 por ciento estuvieron relacionadas a situaciones de desplazamiento interno.

Hay barrios y colonias donde el desplazamiento forzado está tocando fuertemente a las mujeres, comerciantes y transportistas.

MARAS Y PANDILLAS

En el 30.6 por ciento de las quejas relacionadas a desplazamientos forzados, las “maras y pandillas” fueron identificadas por las víctimas como los principales agresores.

De igual manera, en el 27.8 por ciento de los casos, los afectados identificaron a familiares, pareja, vecinos e incluso al empleador y compañeros de trabajo como los principales agresores de actos de violencia en su contra.

Por otra parte, en el 33.4 por ciento de los casos, las personas que interpusieron quejas relacionadas a desplazamiento forzado interno dijeron “desconocer” a sus agresores, ya que las amenazas las recibieron vía telefónica o a través de notas escritas en papel.

Las edades de las víctimas, según el Conadeh, oscilan entre los 31 a 59 años en un 64 por ciento de los casos, seguidos por los de 18 a 30 años (26 por ciento) y adultos mayores (4 por ciento).

DATOS
En el 2022, el 54 por ciento de las quejas atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), por desplazamiento forzado, fueron interpuestas por hombres, por causas que ponen sus vidas en situaciones de riesgo, como el tipo de trabajo, ubicación geográfica o relación entre pareja. El 46 por ciento restante de las quejas fueron presentadas por las mujeres, por factores de riesgo relacionados a la violencia basada en género.

POR EL FENÓMENO
SEIS OCUPACIONES “GOLPEADAS”
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Elsy Reyes, explicó que producto de las quejas atendidas, fueron identificados más de 100 perfiles de profesiones y ocupaciones que están siendo golpeadas por el desplazamiento forzado. Entre estas mencionó a las amas de casa, comerciantes, transportistas, docentes de primaria y secundaria, abogados, periodistas.

En especial se refirió a los operadores de justicia, principalmente los que viven en zonas de alto riesgo, porque cuando son identificados como parte de la Secretaría de Seguridad o de Defensa, son obligados a tener que abandonar su comunidad por el riesgo que representan los grupos criminales.

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