martes, julio 16, 2024

Rechazo Masivo a la Construcción de Cárcel en las Islas del Cisne por Impacto Ambiental

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Tegucigalpa, Honduras. La reciente aprobación de la primera fase de la licencia ambiental para la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne ha generado un fuerte rechazo de diversos sectores ambientales y sociales en Honduras. La Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas se preparan para elegir la empresa ganadora de la licitación este 5 de julio, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el daño irreversible que podría sufrir el ecosistema marino y terrestre de la zona.

La Coalición Ambiental de Honduras ha declarado que la construcción representa una amenaza de “ecocidio histórico”, con potencial para causar el mayor impacto ambiental nunca antes visto en el área. La bióloga marina Gabriela Ochoa advirtió que el proyecto afectará gravemente los hábitats de aves marinas, reptiles y otras especies nativas, poniendo en peligro su supervivencia.

“El traslado de los reos y la construcción misma conllevarían la destrucción de los ecosistemas marinos y terrestres. Esto es un ataque directo a la biodiversidad de las Islas del Cisne”, afirmó Ochoa.

Salvador Nasralla, exdesignado presidencial, también se pronunció en contra de la iniciativa, citando los elevados costos de operación como un factor clave para su inviabilidad. “Hay muchos ejemplos de cárceles en islas que fueron cerradas por los costos de operación. Es un gasto enorme el que habrá y, a mi criterio, es un proyecto no factible. Simplemente hay que preguntarle a Estados Unidos por qué cerraron Alcatraz”, comentó Nasralla.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), criticó la falta de transparencia en el proceso, sugiriendo que se están ocultando los verdaderos costos del proyecto debido a la dificultad de movilizar materiales hasta la isla. “La construcción de un centro penal debería ser de forma transparente y más cuando la Isla del Cisne no se merece algo así”, señaló Maldonado.

El abogado Germán Licona sumó argumentos legales al debate, destacando que un decreto legislativo de 1994 y un PCM de 1991 regulan la preservación de la zona, y cualquier construcción debería ser reconsiderada por el Congreso.

Pese a la oposición, el gobierno avanza con la licitación, mientras la comunidad ambientalista continúa sus esfuerzos para detener el proyecto y proteger las Islas del Cisne.

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