31 de octubre de 2024
Con la llegada de la temporada navideña, las autoridades hondureñas han intensificado sus esfuerzos para desarticular redes de extorsión en Tegucigalpa, enfocándose en los puntos de taxis urbanos. Desde ayer, equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) se han desplegado estratégicamente, en colaboración con la Dirección de Seguridad al Transporte Urbano (DSTU) y la Policía Nacional, para contrarrestar las actividades delictivas de estas organizaciones que afectan a los trabajadores del transporte público y a la ciudadanía en general.
En este operativo los agentes han saturado puntos críticos de la ciudad, incluyendo rutas que cubren las colonias El Hato de Enmedio, La Kennedy, Villa Olímpica, La San Miguel, Cerro Grande, 21 de Febrero, y Barrio El Bosque, entre otras. Según reportes, los taxistas en estas zonas han estado bajo una constante amenaza de grupos delictivos que exigen pagos a cambio de «protección», imponiendo cuotas que, de no ser cumplidas, podrían poner en peligro sus vidas.
Aumento de Amenazas y Respuesta Policial
Los taxistas afectados han informado a las autoridades que hasta cinco diferentes grupos criminales exigen dinero mediante amenazas de violencia física o incluso la muerte si no cumplen sus exigencias. Ante esta situación crítica, el Dipampco ha asignado unidades para fortalecer las investigaciones en las áreas más afectadas, como medida preventiva para evitar el aumento de la criminalidad en los meses finales del año.
Paralelamente, las autoridades han lanzado campañas de concientización en terminales y paradas de transporte, repartiendo material informativo que detalla los mecanismos de denuncia anónima disponibles, como la línea telefónica 143 y el número 8992-7777. Según el portavoz, estas iniciativas buscan motivar a los ciudadanos y a los transportistas a colaborar en la erradicación de la extorsión, recordándoles que la denuncia es una herramienta clave para fortalecer los casos y permitir el procesamiento legal de los responsables.
La falta de denuncias no solo dificulta la labor policial, sino que también permite que estas organizaciones criminales se expandan y recluten nuevos miembros, una situación que el equipo de Molina Moncada busca frenar con la operación actual. “A medida que avanza el operativo, esperamos que más ciudadanos pierdan el temor y se unan a las iniciativas de denuncia, apoyando los esfuerzos por mantener segura nuestra comunidad,” puntualizó Fu.
Este despliegue representa una acción firme y necesaria en la lucha contra las estructuras criminales que, aprovechándose del miedo y la impunidad, imponen una carga injusta sobre los trabajadores del transporte y la ciudadanía en general. Con este esfuerzo continuado, la Dipampco y sus aliados esperan disuadir a los extorsionadores y brindar un mensaje claro de que no cederán terreno frente a la criminalidad.
