Tegucigalpa, Honduras — 4 de noviembre de 2025.
La crisis institucional en los entes electorales hondureños volvió a encender las alarmas tras la solicitud presentada por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público (MP) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se pide un antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.
De acuerdo con el documento remitido por la UECDE, los magistrados habrían dictado resoluciones contrarias a la ley, al ordenar la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados sin contar con la participación del tercer miembro del pleno del Tribunal. Dicha actuación, según el MP, violenta los principios de legalidad y colegialidad establecidos en la normativa electoral hondureña.
Irregularidades señaladas
El expediente detalla que el 27 de octubre ambos magistrados resolvieron de manera irregular una recusación presentada por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos. Según la legislación vigente, el procedimiento debió seguir pasos estrictos: formar una pieza separada, notificar al magistrado recusado, suspender el expediente principal y convocar a un magistrado suplente para integrar debidamente el pleno.
No obstante, los funcionarios omitieron esas etapas procesales y, pese a la falta de integración legal del tribunal, el 28 de octubre dictaron una sentencia definitiva, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción inmediata de los aspirantes a cargos legislativos.
Argumentos del Ministerio Público
El Ministerio Público sostiene que las actuaciones de los magistrados se realizaron en abierta violación de la Constitución y la Ley Orgánica y Procesal Electoral, configurando el delito de prevaricato judicial, que se aplica a funcionarios que dictan resoluciones contrarias al orden jurídico.
La institución argumenta que los magistrados actuaron al margen de la legalidad y sin respetar las reglas básicas del debido proceso, lo que —de comprobarse— socava la independencia y legitimidad del sistema electoral hondureño.
Por ello, el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar ha lugar el antejuicio, permitiendo así que los magistrados enfrenten un proceso penal ante el juez natural correspondiente.
Implicaciones institucionales
La acusación llega en un momento delicado para el sistema electoral, de cara a los comicios generales previstos para finales de año. Observadores políticos consideran que el caso podría tensar aún más las relaciones entre el TJE, el CNE y el Ministerio Público, entidades claves en la administración de justicia y la transparencia de los procesos democráticos.
De confirmarse las acusaciones, el caso representaría un precedente inédito en la justicia electoral de Honduras, al involucrar directamente a magistrados titulares de un órgano creado precisamente para resolver controversias electorales con independencia y apego a la ley.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia deberá analizar la solicitud presentada, revisar los argumentos y determinar si existen méritos suficientes para abrir el proceso judicial.
La resolución de la CSJ será determinante para definir si los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez enfrentarán cargos formales o si el caso se archiva por falta de fundamento legal.
En cualquier escenario, el proceso promete abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la rendición de cuentas en los entes electorales hondureños y el alcance de la ley frente a las más altas autoridades judiciales del país.
