Tegucigalpa, Honduras. — Cansados de la falta de respuestas y con pancartas en mano, decenas de afectados por la financiera Koriun llegaron este miércoles a la capital hondureña para manifestarse frente al Congreso Nacional y Casa Presidencial, exigiendo la devolución del dinero invertido y castigo a los responsables del millonario fraude que ha dejado a miles de familias en la ruina.
Los manifestantes, provenientes en su mayoría del departamento de Cortés, partieron desde San Pedro Sula en horas de la madrugada para exigir al gobierno de Xiomara Castro que asuma una posición clara frente al caso, el cual —aseguran— ha sido manejado con indiferencia y silencio político por parte de las autoridades.
“Queremos que nos devuelvan nuestro dinero, trabajamos toda una vida para ahorrar y ahora nadie da la cara. El Congreso, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se han quedado callados”, expresó con indignación Rosa Ramírez, una de las afectadas, durante la protesta frente al Legislativo.
“Libre va a pagar en las urnas”
El descontento de las víctimas no se limita a una exigencia económica, sino que empieza a adquirir un tono político. Muchos de los manifestantes advirtieron que, de mantenerse la pasividad del Gobierno, el partido Libertad y Refundación (Libre) enfrentará un voto de castigo en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
“No votaremos por Libre, ya nos fallaron. Dijeron que iban a estar del lado del pueblo y ahora se esconden”, manifestó José Argeñal, pequeño comerciante de Choloma, quien asegura haber perdido más de 200,000 lempiras en la empresa.
Los afectados responsabilizan directamente a las instituciones del Estado por no haber actuado a tiempo, pese a las denuncias públicas que desde hace meses alertaban sobre las operaciones irregulares de Koriun. Alegan que la falta de intervención oportuna permitió que el fraude creciera, dejando sin respuesta a más de 12,000 inversionistas, muchos de ellos jubilados, amas de casa y microempresarios.
Congreso y Casa Presidencial en silencio
Durante la jornada de protesta, los manifestantes intentaron entregar peticiones formales en ambas sedes del poder público. Sin embargo, hasta el cierre de la tarde ningún representante del Congreso Nacional ni de Casa Presidencial salió a atenderlos.
En el Congreso, el presidente Luis Redondo no ofreció declaraciones sobre el tema, mientras que desde el Ejecutivo solo se emitió un breve comunicado en el que se limitan a “tomar nota de las inquietudes ciudadanas”. Esta falta de pronunciamiento ha generado aún más molestia entre los afectados, quienes califican la actitud del gobierno como una “burla al sufrimiento del pueblo”.
“Dicen que este es un gobierno del pueblo, pero no nos escuchan. Si no nos responden, haremos plantones permanentes”, advirtió María Alejandra Díaz, portavoz del grupo de afectados, quien aseguró que las protestas se mantendrán indefinidamente hasta obtener una respuesta.
Impacto político y advertencia electoral
El caso Koriun, que estalló a mediados de 2024, ha pasado de ser un escándalo financiero a convertirse en un tema político de alto riesgo para Libre. Analistas advierten que el manejo del caso podría restar apoyo electoral al oficialismo, sobre todo en zonas como San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y La Lima, donde se concentra el mayor número de víctimas.
El analista político Raúl Pineda Alvarado consideró que el descontento generado por Koriun podría tener un efecto dominó en la intención de voto, especialmente entre sectores populares que antes simpatizaban con el partido de gobierno.
“El silencio del Estado en este tema tiene un costo político. La población percibe indiferencia y eso se traduce en desconfianza. Libre puede pagar caro ese error en las urnas”, subrayó Pineda.
Un clamor que no se apaga
Al caer la tarde, los manifestantes continuaban en las afueras del Congreso Nacional, ondeando banderas y coreando consignas como “¡Queremos justicia!” y “¡Devuelvan nuestro dinero!”. Algunos afirmaron que permanecerán en Tegucigalpa hasta obtener un compromiso formal por parte de las autoridades.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre las miles de familias que aún esperan una respuesta del Ministerio Público sobre el paradero de los fondos desaparecidos y la identificación de los verdaderos responsables del desfalco.
El caso Koriun, que comenzó como una promesa de “inversión segura”, se ha convertido en un símbolo de desconfianza y frustración ciudadana, dejando al descubierto la débil supervisión estatal y un panorama político que podría pasar factura al partido en el poder.
