Tegucigalpa, Honduras.
Más de 300 millones de lempiras fueron utilizados por distintas instituciones del Estado para la compra de camionetas de lujo durante la actual administración, una situación que ha generado fuertes cuestionamientos en medio de la crisis económica y social que enfrenta el país. De acuerdo con información oficial, al menos 80 vehículos de alta gama fueron adquiridos por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, siendo las secretarías de Seguridad, Defensa y Turismo las que concentraron el mayor gasto.
Los registros de adquisiciones públicas revelan que estas dependencias destinaron cuantiosos recursos a la compra de camionetas tipo SUV, muchas de ellas de marcas reconocidas por su alto costo y equipamiento premium, bajo el argumento de reforzar la operatividad institucional y garantizar la seguridad de funcionarios de alto nivel.
Seguridad y Defensa encabezan el gasto
La Secretaría de Seguridad, dirigida por Gustavo Sánchez, figura entre las instituciones que más recursos desembolsaron para la adquisición de estos automotores. Según los contratos publicados en el portal de transparencia, las compras incluyen camionetas blindadas y vehículos con especificaciones especiales, cuyo costo unitario supera ampliamente el promedio del parque vehicular estatal.
Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional, bajo la titularidad del general retirado José Manuel Zelaya Rosales, también justificó la compra de unidades de lujo alegando necesidades estratégicas y de movilidad para altos mandos militares y actividades oficiales en zonas de difícil acceso.
Turismo también bajo la lupa
Otro de los entes señalados es el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), encabezado por Yadira Gómez, que habría destinado varios millones de lempiras para la compra de camionetas de lujo destinadas —según versiones oficiales— a la promoción turística y al traslado de delegaciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, críticos cuestionan que este tipo de gastos se realicen cuando el sector turismo enfrenta limitaciones presupuestarias y múltiples destinos carecen de infraestructura básica para atraer visitantes.
Reacciones y críticas desde la oposición
Desde el Congreso Nacional, diputados de oposición han denunciado lo que consideran una contradicción entre el discurso de austeridad promovido por el partido Libertad y Refundación (Libre) y las millonarias compras de vehículos de lujo realizadas por funcionarios del Ejecutivo.
“El Gobierno habla de pobreza heredada y de sacrificios para el pueblo, pero al mismo tiempo gasta millones en camionetas de lujo para sus funcionarios”, expresó un legislador del Partido Nacional, quien exigió una auditoría exhaustiva por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En la misma línea, representantes del Partido Liberal pidieron explicaciones claras sobre los criterios utilizados para estas compras y cuestionaron si todas las unidades adquiridas eran realmente necesarias.
Defensa del Gobierno y llamados a la transparencia
Funcionarios del Ejecutivo han salido al paso de las críticas, asegurando que las adquisiciones se realizaron conforme a la ley y que muchas de las unidades sustituyen vehículos obsoletos heredados de administraciones anteriores. Asimismo, sostienen que algunas camionetas cuentan con blindaje por razones de seguridad, dadas las amenazas que enfrentan ciertos funcionarios.
No obstante, organizaciones de sociedad civil y analistas en temas de transparencia insisten en la necesidad de mayor rendición de cuentas, señalando que el gasto público debe priorizar áreas sensibles como salud, educación y seguridad ciudadana.
Debate abierto en medio de la crisis
La revelación de estos gastos se produce en un contexto marcado por la desaceleración económica, el aumento del desempleo y la creciente inconformidad social. Para muchos sectores, el uso de más de L300 millones en vehículos de lujo representa un símbolo del distanciamiento entre la clase política y la realidad que vive la mayoría de los hondureños.
Mientras tanto, el tema continúa generando debate público y presión para que los entes contralores determinen si las compras se ajustaron a criterios de necesidad, eficiencia y austeridad, o si se trató de un uso excesivo de los recursos del Estado.
