Tegucigalpa, 25 de febrero de 2026 — La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, junto al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa de ley para derogar el decreto 04-2022, conocido popularmente como el “Pacto de Impunidad”, aprobado en abril de 2022.

La propuesta será conocida en sesión para dictamen y eventual discusión en el pleno del Congreso Nacional de Honduras. De prosperar, no solo eliminaría varios artículos del decreto, sino que también revocaría las cartas de libertad otorgadas bajo la figura de amnistía y ordenaría a los jueces revisar de oficio los expedientes que fueron cerrados en aplicación de esa normativa.

Alcances de la iniciativa

Según explicó Cano, la intención es dejar “sin valor ni efecto” los beneficios concedidos a exfuncionarios, en su mayoría vinculados al gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), específicamente en el periodo previo y posterior a la crisis política de junio de 2009.

“La amnistía perdió su espíritu jurídico y terminó convirtiéndose en un pacto de impunidad”, argumentó la congresista, al señalar que la figura fue utilizada para favorecer a personas que —a su criterio— no debieron ser beneficiadas.

Por su parte, Zambrano sostuvo que la revisión de los expedientes deberá garantizar el debido proceso, pero también permitir que los casos retomen su curso en los tribunales competentes.

¿Qué implicaría la derogación?

La iniciativa contempla tres puntos centrales:

1. Derogar los artículos clave del decreto 04-2022.

2. Revocar las liberaciones concedidas bajo esa amnistía.

3. Ordenar a los jueces reabrir y continuar los procesos judiciales cerrados.

De aprobarse, los expedientes que fueron archivados tendrían que ser reactivados y los beneficiarios podrían volver a enfrentar cargos en los tribunales.

Resumen: ¿Quiénes fueron beneficiados por el “Pacto de Impunidad”?

• Exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya que enfrentaban procesos judiciales por presuntos delitos administrativos y financieros.

• Personas acusadas de abuso de autoridad y otros delitos derivados de decisiones adoptadas en el contexto de la crisis institucional.

• Funcionarios y exfuncionarios que habían sido condenados o tenían órdenes de captura relacionadas con acciones políticas posteriores al 28 de junio de 2009.

Con la nueva iniciativa presentada por Cano y Zambrano, el Congreso abre nuevamente el debate sobre la validez de esa amnistía y el impacto que tuvo en el sistema judicial hondureño.