Exigen activar procesos de destitución contra altos funcionarios por presuntas violaciones constitucionales
Tegucigalpa, Honduras – 22 de marzo de 2026
Un nuevo llamado a la rendición de cuentas sacudió este domingo el escenario político nacional, luego de que la exdiputada Maribel Espinoza instara al Congreso Nacional de Honduras a iniciar de inmediato procesos de juicio político contra diversos funcionarios señalados de incumplir la Constitución de la República.
La abogada y exparlamentaria manifestó que resulta urgente aplicar este mecanismo legal ante lo que calificó como reiteradas violaciones al orden constitucional por parte de servidores públicos, subrayando que la inacción podría agravar la crisis institucional y debilitar aún más el Estado de derecho en el país.
Espinoza sostuvo que existen fundamentos jurídicos suficientes para proceder contra quienes, a su juicio, han irrespetado las normas fundamentales durante el ejercicio de sus cargos. En ese sentido, enfatizó que el juicio político no debe responder a intereses partidarios, sino a la necesidad de garantizar el respeto a la ley sin importar la afiliación política de los implicados.
“Cuando un funcionario decide ignorar la Constitución, está atentando directamente contra la democracia. No se puede permitir que estas conductas continúen sin consecuencias”, expresó.
Plazo para actuar y advertencia ciudadana
La exdiputada anunció que otorgará un compás de espera a los legisladores del Congreso Nacional para que presenten las iniciativas correspondientes entre finales de marzo y principios de abril. Sin embargo, advirtió que, de no concretarse acciones, sectores de la sociedad civil podrían organizarse para promover una iniciativa ciudadana respaldada por firmas.
Este posible escenario refleja el creciente malestar de distintos sectores ante lo que consideran falta de voluntad política para sancionar abusos de poder y garantizar la institucionalidad democrática.
Señalamientos directos a funcionarios
En sus declaraciones, Espinoza mencionó la necesidad de que se investigue y procese mediante juicio político al consejero Marlon Ochoa y al magistrado Mario Morazán. Asimismo, pidió la interpelación del Fiscal General Johel Zelaya, a quien instó a actuar legalmente contra el presidente del Congreso, Luis Redondo, y el funcionario Roosevelt Hernández.
Según la jurista, los actos atribuidos a estos funcionarios son “más que evidentes” y ameritan una respuesta firme por parte de las instituciones encargadas de velar por la legalidad en el país.
Críticas al sistema judicial
Espinoza también dirigió cuestionamientos al sistema judicial hondureño, señalando que existe una deuda histórica con la ciudadanía debido a los prolongados retrasos en los procesos legales. Como ejemplo, mencionó casos en materia laboral cuyas audiencias han sido programadas hasta el año 2030, lo que calificó como una violación al derecho de los ciudadanos a una justicia pronta y efectiva.
A su juicio, este tipo de prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también profundizan la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Llamado a fortalecer la institucionalidad
La exdiputada reiteró que la aplicación del juicio político es una herramienta clave para frenar abusos y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Enfatizó que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de actuar con firmeza para evitar que continúen las violaciones a la Constitución.
“Todo funcionario que haya violentado la ley debe enfrentar las consecuencias. No hacerlo sería permitir que el país continúe por un camino de deterioro institucional”, concluyó.
El pronunciamiento de Espinoza se suma a un contexto de creciente debate sobre la transparencia, la legalidad y el papel de los poderes del Estado en Honduras, en momentos en que diversos sectores demandan acciones concretas para fortalecer la democracia y el respeto al orden constitucional.
