San Pedro Sula, Honduras.— A partir del 1 de mayo de 2026, el Gobierno de Honduras pondrá en marcha una transformación profunda en su política de subsidios a la energía eléctrica, una medida que promete aliviar las finanzas estatales, pero que también dejará fuera del beneficio a cientos de miles de abonados.
El anuncio fue realizado por el presidente Nasry Asfura, quien confirmó que el subsidio dejará de aplicarse de manera generalizada y pasará a un modelo focalizado dirigido exclusivamente a los sectores más vulnerables del país. La decisión marca un giro importante en una política social que durante años benefició a una amplia base de usuarios, sin distinción clara de ingresos.
Un subsidio bajo revisión
El esquema actual, vigente desde 2022, permitió que entre 800,000 y 900,000 abonados recibieran alivio en su factura eléctrica, con un costo mensual para el Estado que rondó entre 295 y 312 millones de lempiras.
Sin embargo, auditorías recientes revelaron serias inconsistencias en su aplicación. Entre ellas, usuarios con consumos superiores a los límites establecidos, sectores comerciales e incluso instituciones públicas que también resultaron beneficiadas, así como duplicidades en registros y abonados con múltiples contadores recibiendo el subsidio.
Estos hallazgos encendieron las alarmas dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que impulsaron la revisión del programa para corregir distorsiones.
Más de 400 mil quedarían fuera
La nueva estrategia de focalización implicará que más de 400,000 hondureños dejarán de recibir el subsidio eléctrico, según estimaciones oficiales.
El criterio central será priorizar a hogares en condición de pobreza y con bajo consumo energético, principalmente aquellos que utilizan menos de 150 kilovatios hora (kWh) al mes. Esto responde a la necesidad de dirigir los recursos públicos a quienes realmente los necesitan.
“No podemos subsidiar al que tiene más”, expresó el mandatario, dejando claro que el nuevo modelo busca corregir lo que ha sido calificado como un subsidio “indiscriminado”.
Un sistema financieramente presionado
La reestructuración no ocurre en el vacío. El sistema eléctrico hondureño enfrenta una fuerte presión financiera. La ENEE arrastra una elevada deuda y opera con ingresos limitados frente a sus costos, lo que ha obligado a replantear políticas de subsidio que, aunque socialmente necesarias, resultan fiscalmente pesadas.
Actualmente, el país cuenta con más de 2.2 millones de clientes eléctricos, de los cuales alrededor de 900,000 han sido subsidiados. No obstante, las autoridades han reconocido que una parte significativa de estos beneficiarios no cumple con los criterios de vulnerabilidad económica.
Cambios graduales en el esquema
Además del ajuste en el subsidio para los consumidores de menor consumo, el Gobierno ha implementado medidas complementarias. Por ejemplo, los usuarios que consumen entre 151 y 500 kWh seguirán recibiendo un subsidio parcial que cubre el 50% del aumento tarifario reciente, beneficiando a más de 400,000 abonados.
Este enfoque mixto —focalización para los más pobres y alivio parcial para sectores intermedios— busca equilibrar el impacto social con la sostenibilidad financiera.
Debate entre sectores
El sector empresarial ha respaldado la focalización del subsidio, insistiendo en que los recursos deben dirigirse únicamente a los hogares de bajos ingresos.
No obstante, el cambio también genera incertidumbre entre los usuarios que podrían quedar fuera del beneficio, especialmente en un contexto de incrementos tarifarios y presión sobre el costo de vida.
Analistas señalan que el principal reto será garantizar que los mecanismos de selección sean transparentes y eficientes, evitando repetir errores del pasado.
Un giro en la política energética
La decisión del Gobierno marca un punto de inflexión en la política energética hondureña, que históricamente ha enfrentado desafíos estructurales como subsidios mal dirigidos, pérdidas técnicas y una débil sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
Con la entrada en vigor del nuevo esquema, el país inicia una etapa en la que el subsidio deja de ser un beneficio amplio para convertirse en una herramienta más selectiva, orientada a combatir la pobreza energética.
El verdadero impacto de esta medida se medirá en los próximos meses, cuando se conozca cuántos hogares logran mantener el apoyo estatal y cómo reaccionan los sectores que, por primera vez en años, deberán asumir el costo total de su consumo eléctrico.
