Mujeres que sufrieron prisión por perder a sus bebés.

A veces, parir puede ser un delito. Un delito penado con largas condenas de cárcel. Mirna Isabel Ramírez, Elsi Rosales, Teodora del Carmen Vásquez y Mariana López lo saben bien. Las cuatro tienen en común cinco rasgos: vivir en El Salvador, proceder de zonas rurales, disponer de escasos recursos, haber tenido un parto extrahospitalario e ir a la prisión por ello.

El Salvador es uno de los seis países del mundo más restrictivos con el aborto desde la reforma penal que entró en vigencia el 10 de enero de 1998. Esta modificación, en concreto la del artículo 133 del código, tipifica como crimen todo tipo de interrupción del embarazo y cualquier ayuda para llevarlo a cabo. «El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otras personas se lo practicaren, serán sancionados con prisión de dos a ocho años», dice el texto.

Hasta entonces existían tres excepciones a la prohibición de interrumpir el embarazo: por violación, porque se previera la inviabilidad de la vida extrauterina, o porque la gestación representara una amenaza para la vida de la madre. Pocos meses después del cambio de hace 22 años, los legisladores hicieron un blindaje constitucional para «reconocer –dijeron– la vida»: modificaron el primer artículo de la Constitución, el que, desde entonces, establece que la vida existe «desde el momento de la concepción».