Tegucigalpa, 14 de mayo de 2025.
A pocos meses de celebrarse las elecciones generales en Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha lanzado una advertencia contundente: el mantenimiento del estado de excepción podría representar una amenaza directa al ejercicio libre y pleno del derecho al sufragio. La institución ha instado al gobierno a no prolongar una medida que, según sostiene, ha derivado en violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Desde su implementación en diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, el remedio ha generado una serie de consecuencias negativas que, lejos de resolver la crisis de seguridad, han vulnerado derechos básicos como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso.
Elecciones en riesgo
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, expresó que una de las mayores preocupaciones actuales es que la suspensión de garantías constitucionales continúe hasta el 30 de noviembre, fecha en la que se desarrollarán los comicios generales. A su juicio, “la existencia de un estado de excepción durante un proceso electoral puede poner en entredicho la eficacia y legitimidad del mismo, además de generar un ambiente de incertidumbre y temor entre los votantes”.
Denuncias por abusos en aumento
Según registros del propio Conadeh, durante los casi 900 días de vigencia del estado de excepción, se han recibido más de 800 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Las quejas incluyen una amplia gama de abusos: detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incriminación con pruebas presuntamente falsas, robo, destrucción de propiedad privada, allanamientos ilegales e incluso casos de violencia sexual.
“Muchas de estas acciones son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y con los principios de proporcionalidad y legalidad que deben regir el actuar del Estado”, sostuvo Cáceres. También señaló que el Ministerio Público ha emitido requerimientos fiscales contra varios agentes estatales, acusándolos de delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y asociación para delinquir.
Falta de control legislativo
Otro de los señalamientos importantes del Conadeh es la aparente falta de fiscalización por parte del Congreso Nacional (CN), al no ejercer un control efectivo sobre la aplicación y continuidad del estado de excepción. “El Congreso debería velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución para que estas medidas sean legítimas y proporcionales. Sin ese control, el riesgo de arbitrariedades aumenta significativamente”, expresó el representante del observatorio de derechos humanos.
Desde esta perspectiva, la prolongación del estado de excepción no solo atenta contra las garantías individuales, sino que pone en duda el compromiso del Estado hondureño con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.
Llamado internacional
En fechas recientes, el Conadeh envió un documento a los Estados Parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitando que, en el próximo EPU, recomienden al Estado hondureño la suspensión definitiva del estado de excepción. El documento recoge las principales preocupaciones y observaciones de la institución sobre la situación de derechos humanos en el país.
La exhortación del Conadeh apunta a evitar que el proceso electoral del 30 de noviembre se vea empañado por restricciones injustificadas o medidas represivas que puedan limitar la participación ciudadana, especialmente en zonas que han sido más afectadas por operativos policiales y militares.
¿Qué puede pasar?
Si el gobierno decide extender nuevamente el estado de excepción, esto podría traducirse en restricciones a la libertad de movimiento, concentraciones y reuniones públicas, lo cual complicaría desde las campañas políticas hasta la observación electoral y la asistencia de votantes a los centros de sufragio. Además, podría generar un clima de represión e intimidación que afectaría directamente la credibilidad del proceso electoral.
