Tegucigalpa, Honduras.— La crisis política y electoral en Honduras se intensificó durante el fin de semana tras la decisión del oficialismo de impulsar un nuevo escrutinio general de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había oficializado los resultados y declarado como presidente electo al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura.
La controversia se agravó luego de que la presidenta Xiomara Castro solicitara formalmente al CNE que inicie de “inmediato” un conteo “voto por voto”, petición que fue avalada durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el sábado en Casa Presidencial. En dicho encuentro participó como invitado el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, principal impulsor de la iniciativa que obliga a reabrir las urnas.
Un día antes, el viernes, una sesión extraordinaria del Congreso Nacional —realizada sin la presencia de más de 70 diputados de oposición, quienes denunciaron que se les impidió el ingreso— aprobó el decreto legislativo con votos de una minoría de diputados propietarios y suplentes del Partido Libertad y Refundación (Libre). La aprobación sin quórum fue duramente cuestionada por diversos sectores políticos y sociales.
El decreto fue sancionado por la mandataria y publicado de forma inmediata en el diario oficial La Gaceta, lo que desató una ola de críticas por parte de partidos de oposición, juristas, analistas independientes y organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), que consideran que la medida carece de sustento legal y vulnera la institucionalidad democrática.
Desde Casa Presidencial, Luis Redondo anunció que el Congreso ordenará al CNE proceder con el reconteo de los votos. “Hemos dado instrucciones para que desde el Congreso Nacional se envíe una nota oficial al Consejo Nacional Electoral con copia de La Gaceta para que inicien de inmediato el escrutinio. Caso contrario, será el Congreso quien realice el conteo, tal como lo establece la Constitución en el artículo 205, numeral 7”, declaró.
Redondo insistió en que la decisión responde a un “hecho histórico” orientado a garantizar que se cuenten los votos emitidos en las 19,167 juntas receptoras de votos del país. “Que gane quien gane, el resultado debe ser respetado una vez concluido el escrutinio total. Se trata de respetar la voluntad del pueblo hondureño”, afirmó.
Mientras tanto, todo el material electoral permanece resguardado en el centro logístico del CNE ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa. La seguridad del lugar fue reforzada por las Fuerzas Armadas, responsables por ley del traslado, custodia y protección del material electoral.
Hasta el momento, los tres consejeros del CNE —representantes de los partidos Nacional, Liberal y Libre— no han emitido una postura oficial frente al decreto. No obstante, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, reiteró declaraciones previas en las que aseguró que las Fuerzas Armadas respetarán la resolución emitida por el órgano electoral y que el próximo 27 de enero, cuando concluye el mandato constitucional de Xiomara Castro, se realizará la transición del poder.
El conflicto interno adquirió una dimensión internacional luego de que el gobierno de Estados Unidos advirtiera sobre “severas consecuencias” ante cualquier intento de revertir los resultados electorales. A través de un mensaje publicado en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que “las voces de 3.8 millones de hondureños han hablado” y que los resultados ya fueron certificados por el CNE.
El presidente electo Nasry Asfura ha recibido respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha sido cuestionado por el gobierno hondureño. En respuesta a las advertencias de Washington, la presidenta Castro solicitó a Trump un “diálogo directo y franco” sobre el proceso electoral.
En un extenso mensaje publicado en X, Castro pidió discutir especialmente los pronunciamientos públicos del mandatario estadounidense a favor de Asfura, los cuales —según expresó— influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a la candidata de Libre, Rixi Moncada.
El país permanece en un ambiente de alta polarización política, mientras sectores sociales y empresariales llaman a respetar el orden constitucional y a evitar decisiones que puedan profundizar la inestabilidad institucional en un momento clave para la democracia hondureña.
