Tegucigalpa, 11 de enero de 2026 — En un giro más dentro de la intensa controversia por el proceso electoral de noviembre de 2025, el abogado Hermes Faustino Ramírez Ávila presentó ayer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos recursos legales dirigidos a detener los efectos del Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional, y que ordena un nuevo recuento general de las actas electorales.
La acción fue interpuesta bajo la figura de recursos de inconstitucionalidad, en los cuales se sostiene que la normativa aprobada invade competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano autónomo encargado por ley de organizar, procesar y declarar resultados electorales en el país.
Según el escrito, el decreto “pretende anular la declaratoria oficial” que el CNE ya realizó con base en la revisión de las actas tras los comicios del 30 de noviembre de 2025, poniendo en riesgo la alternancia democrática y la integridad del orden constitucional hondureño.
Argumentos jurídicos y pedido de medidas cautelares
Ramírez Ávila argumenta que el Congreso Nacional, presidido por Luis Rolando Redondo Guifarro, se habría atribuido funciones que la Constitución reserva expresamente al CNE, y por ello solicitó a la Sala de lo Constitucional que se admita el recurso y se otorguen medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos del decreto 58-2025 y evitar que se ejecute cualquier acto derivado del mismo.
El abogado subraya que la intervención del poder Legislativo en la revisión de resultados electorales podría quebrantar la autonomía institucional del CNE, erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático y vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas.
Contexto de la disputa electoral
La presentación de estas acciones se da en medio de un clima de profunda polarización política. El decreto que ordena un nuevo conteo fue sancionado por el Congreso Nacional y publicado en La Gaceta, pese a que el CNE ya realizó la declaratoria de los resultados electorales presidenciales, legislativos y municipales de diciembre de 2025.
La medida legislativa, impulsada por sectores afines a la presidenta Xiomara Castro y liderada por Redondo, ha generado rechazo de diversos sectores de la sociedad civil, gremios empresariales y observadores constitucionalistas, quienes han advertido sobre posibles riesgos institucionales y una violación al principio de alternancia democrática.
Reacciones y preocupaciones institucionales
Grupos de la sociedad civil han manifestado públicamente su rechazo a la intención de intervenir en el recuento de votos, destacando que cualquier intromisión del Legislativo en funciones del CNE podría poner en riesgo la estabilidad institucional de Honduras y la confianza en el sistema electoral.
Además, expertos constitucionalistas han señalado que la acción del Congreso podría configurar una invasión de competencias, ya que el CNE tiene la responsabilidad exclusiva de llevar a cabo la revisión y declaración de los resultados de los comicios dentro de los plazos legales.
Pasos siguientes
Con la presentación de estos recursos, ahora corresponde a la CSJ examinar los argumentos y decidir si admite a trámite las acciones de inconstitucionalidad, así como si concede las medidas cautelares solicitadas para frenar la implementación del decreto que ordena el nuevo escrutinio. De concretarse la suspensión, se evitaría temporalmente cualquier intento de reabrir el proceso de revisión de votos hasta que la Corte emita un fallo definitivo.
La resolución de la CSJ será clave para definir el rumbo del proceso electoral y la disputa entre poderes del Estado en Honduras, en un momento marcado por la tensión política y un escrutinio público cada vez más intenso sobre las instituciones democráticas.
