Tegucigalpa, Honduras.
En el último día completo de la administración de la presidenta saliente Xiomara Castro, una serie de nombramientos, cancelaciones y reubicaciones dentro del aparato estatal ha provocado cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales, al tratarse de decisiones tomadas a pocas horas del traspaso de poder al presidente electo, Nasry Asfura.
Las disposiciones quedaron oficializadas mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 7-2026, publicado en la Gaceta número 37,052, con fecha sábado 24 de enero de 2026. El documento, que consta de 78 páginas, detalla una amplia lista de movimientos administrativos que incluyen la salida de funcionarios, nuevos nombramientos y traslados de altos cargos del gobierno saliente a otras dependencias del Estado.
De acuerdo con el contenido del acuerdo, los funcionarios designados asumirán sus nuevas responsabilidades a partir del cierre del actual período presidencial, coincidiendo con el inicio formal de la nueva administración, una situación que ha alimentado el debate sobre la pertinencia de realizar este tipo de decisiones en el tramo final del mandato.
Aunque la Gaceta establece la cancelación de varios servidores públicos, también deja en evidencia la reubicación de figuras clave del gobierno de Castro en instituciones estratégicas, lo que ha sido interpretado por analistas como una forma de asegurar continuidad laboral dentro del aparato estatal, aun con el cambio de gobierno.
Uno de los nombramientos que más ha llamado la atención es el de Enrique Reina, quien fue designado como director del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), una entidad considerada fundamental para la estabilidad y supervisión del sistema financiero nacional. Reina se desempeñó como canciller de la República durante el gobierno de Xiomara Castro y además fue candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Rixi Moncada, lo que ha generado críticas desde distintos sectores que califican su designación como un movimiento político de cierre de mandato.
Otro nombramiento relevante es el de Sarahí Cerna, quien asumirá como directora del Banco Central de Honduras (BCH), una institución clave en la conducción de la política monetaria y económica del país. Cerna ocupó anteriormente cargos de alto nivel, entre ellos el de ministra de la Presidencia, y su llegada al ente emisor ha sido interpretada como una reubicación estratégica que le permite mantenerse en una posición de influencia dentro del Estado.
El acuerdo ejecutivo también evidencia que, mientras algunos funcionarios concluyen definitivamente su relación laboral con el Estado, otros altos cuadros del gobierno saliente son trasladados a nuevas responsabilidades, reforzando la lectura política de que estos reacomodos buscan cerrar el ciclo administrativo sin dejar fuera a figuras cercanas al oficialismo.
Estos movimientos se producen en un contexto marcado por la expectativa ante el inicio del gobierno de Nasry Asfura, quien asumirá la Presidencia en las próximas horas, y han generado reacciones encontradas. Mientras algunos defienden la legalidad de las decisiones tomadas por la administración saliente, otros consideran que este tipo de nombramientos comprometen la capacidad del nuevo gobierno para definir su propio equipo de trabajo desde el primer día.
La polémica en torno a estos nombramientos de última hora se suma al ambiente de transición política que vive el país y anticipa un inicio de gestión marcado por el escrutinio público sobre las decisiones heredadas de la administración anterior.
