Tegucigalpa, Honduras.– El juez natural designado, Luis Padilla, dictó la medida de arresto domiciliario contra el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y cuatro personas más capturadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), señaladas por su presunta participación en 67 delitos de fraude en perjuicio del Estado.
La resolución judicial beneficia además a Ilsy Valeska Baquedano Mejía, Iris Paola Pérez Moreno, Eleny Kassandra Galeas Arias y Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, quienes deberán cumplir la medida mientras continúa el proceso penal. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la audiencia inicial fue programada para el viernes 6 de febrero, y que aún permanecen siete órdenes de captura vigentes.
En total, 12 personas figuran como imputadas en este caso, entre ellas la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar, así como Rosy Martínez, Luis Fernández, Jennifer Martínez, José Cerrato, Mirza Sánchez, Reniery Lazaroni, Eleny Galeas y Eliud Aguilar.
El exfuncionario José Carlos Cardona se presentó de manera voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia, donde aseguró ser inocente y calificó el proceso como una “operación política de alto nivel”. Cardona afirmó que el caso busca perjudicar principalmente a la diputada Isis Cuéllar, y denunció que no se le permitió rendir declaración ante el Ministerio Público en ocasiones anteriores.
Según el requerimiento fiscal, la diputada Cuéllar, en presunta colusión con Cardona y otros funcionarios de Sedesol, habría gestionado y ejecutado fondos públicos destinados al desarrollo social del departamento de Copán, mediante un esquema irregular que derivó en la emisión de 67 cheques a favor de personas que no cumplían con criterios de vulnerabilidad, muchas de ellas vinculadas políticamente a la parlamentaria.
La acusación detalla que los fondos, provenientes del Fondo de Administración Solidaria, ascendían a más de 77 millones de lempiras, y que su manejo se realizó pese a advertencias de la Secretaría de la Presidencia sobre la falta de competencia legal de Sedesol para ejecutar proyectos. Las investigaciones señalan que parte del dinero regresaba a los principales imputados mediante intermediarios y supuestos beneficiarios.
El Ministerio Público sostiene que el esquema incluyó falsificación de firmas, simulación de ayudas sociales y coordinación para el cobro de cheques en distintas agencias bancarias, con el objetivo de aparentar legalidad en el uso de los recursos.
El proceso judicial continúa en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la localización de los demás señalados y la ampliación de las investigaciones sobre uno de los casos de presunto fraude más amplios relacionados con fondos sociales en los últimos años.
