San Pedro Sula, Honduras — El proceso judicial contra la exfiscal Francia Sofía Medina, acusada de un millonario desfalco de fondos del Banco Central de Honduras (BCH), enfrenta un importante obstáculo legal que podría traducirse en su liberación antes de conocer una sentencia definitiva.
Medina ha estado recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) desde su captura el 29 de noviembre de 2023, acusada por el Ministerio Público (MP) de delitos graves que incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y sustracción de evidencia resguardada por las autoridades.
El caso llegó a juicio oral y público en noviembre de 2025, donde tanto la Fiscalía como la defensa presentaron más de 80 pruebas documentales, testimoniales y periciales. Sin embargo, trascurridas varias semanas, el Tribunal de Sentencia aún no ha emitido un fallo condenatorio ni absolutorio, debido a un recurso de amparo pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El amparo, interpuesto por la defensa de Medina, impugna la competencia del tribunal que lleva el caso, lo que paralizó la etapa decisoria del juicio. Según fuentes vinculadas al proceso, la falta de resolución del recurso ha impedido que los magistrados pronuncien un veredicto final.
Ante esta situación, la Fiscalía presentó un escrito de pronto despacho ante la Sala de lo Constitucional, instando a que se pronuncie con urgencia sobre el amparo, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
La relevancia de este retraso radica en que la prisión preventiva de Medina vence el próximo 29 de abril de 2026. Si la Sala de lo Constitucional no resuelve el amparo antes de esa fecha, las normas procesales hondureñas obligarían a que la exfiscal recupere su libertad, aunque el proceso penal continúe y pueda recibir citaciones posteriores para resolver el fallo del tribunal.
El caso ha generado atención no solo por los millones de lempiras supuestamente sustraídos de la bóveda del BCH, cifra que asciende a alrededor de 88 millones, sino también por la posibilidad de que un tecnicismo procesal permita a una acusada de alto perfil salir libre antes de una sentencia definitiva.
