El pago de casi tres millones de lempiras erogados por la Secretaría de Seguridad, por concepto de servicios profesionales a un grupo de abogados privados para defensa de policías señalados como sospechosos en la muerte de Keyla Martínez en 2021, quedó evidenciado en solicitudes de información realizados por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, tras haber sido juramentada en el cargo, en febrero del 2022.
El caso ocurrió durante la administración pasada de gobierno y se volvió de alto impacto mediático ya que se trató de una muerte bajo custodia policial, adentro de una celda, durante un toque de queda ordenado por el presidente, Juan Orlando Hernández, para evitar la propagación del COVID-19.
La noche del 6 de febrero del 2021 en La Esperanza departamento de Intibucá, Keyla de 26 años de edad, enfermera de profesión se encontraba acompañada por el doctor Edgar José Velásquez Orellana departiendo con otras personas en La Esperanza cuando fueron detenidos por varios policías quienes les arrestaron por escándalo en la vía pública, consumo de bebidas alcohólicas e incumplimiento del toque de queda.
La misma noche de la detención, trascendió en redes sociales un video grabado por los propios policías donde se ve el traslado y molestia del doctor Edgar Velásquez ante el trato al que estaban siendo sometidos, mientras Keyla Martínez llamaba a la calma a su amigo, ambos a bordo de una patrulla de la Policía Nacional.
DOS AÑOS SIN ESCLARECERSE
Al día siguiente, la madrugada del 7 de febrero, trascendió la noticia de un supuesto suicidio adentro de una celda en la cárcel de La Esperanza, se trataba de la joven Keyla Martínez, también se difundió la fotografía por redes sociales en donde se muestra su arresto y el parte policial.
El deceso de Keyla Martínez, llamó la atención de defensores de derechos humanos y se generaron protestas de la familia y pobladores de La Esperanza e Intibucá quienes aducían otras irregularidades ocurridas históricamente en dicha posta policial y oficiales de mando en ese sector occidental de Honduras.
Ante la presión social, la Policía Nacional emitió el comunicado oficial de dicha muerte asegurando la causa de la misma como suicidio y quitando responsabilidad policial ya que los agentes de turno trataron de salvar la vida de Keyla llevándola a un hospital cercano en donde se manifestó que la joven estaba muerta. La autopsia reveló lo contrario “un homicidio por asfixia mecánica”, según informó en su momento el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
“Los fiscales que llevan a cabo esta investigación ha girado instrucciones a la Dirección de Policía para que sean puestos a la orden del Ministerio Público todos los oficiales y agentes de policía que estaban asignados a esta posta en la ciudad de La Esperanza (…) asimismo se están revisando las cámaras de seguridad que existen en la estación policial como en la ciudad”, informó el portavoz.
Solo existe una persona imputada por la muerte de Keyla Martínez y se trata del agente de policial Jarol Perdomo quien fue beneficiado por el trabajo de la defensa privada al lograr que el delito se calificara por los jueces como homicidio y no femicidio agravado, bajando así la pena en prisión que tampoco ha sido concretada y sumado a eso las investigaciones tampoco han sido extendidas hacia otros oficiales de mando superior a Jarol Perdomo.
