Al excapitán, Santos Rodríguez Orellana, a su esposa Jenifer Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Lizzeth Bonilla, son acusadas de lavado de activos.
La sala I del Tribunal de Sentencia Nacional continuó ayer con el desarrollo del juicio oral y público para el capitán con baja deshonrosa, de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, a su esposa, Jenifer Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Lizzeth Bonilla, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos.
Durante la mañana y tarde de ayer, la Fiscalía presentó en el estrado el perito que realizó el avalúo de los bienes, que poseen los encausados, y los cuales fueron asegurados 15 de ellos.
Los bienes tomados en cuenta para el avalúo están localizados en residencial Palma Real, la Kennedy, en Yaguacire, en la capital, en Lepaterique y en Yamaranguila, Intibucá.
Se trata de viviendas con mejoras significativas y un complejo habitacional localizado en el sector de “Chupadero”, Yaguacire, Francisco Morazán, este último en proceso de compra por parte del excapitán, Santos Rodríguez, al señor Julio Bustillo, por el cual pagó un millón de lempiras, quedando por pagar un millón 500 mil lempiras.
Los bienes de mayor valor oscilan entre dos a casi siete millones de lempiras, en los cuales algunos de ellos no tienen mejoras declaradas como tal, también para esta pericia se tomaron en cuenta terrenos que los encausados poseen, en su mayoría se incrementó la plusvalía como tal.
Es de precisar que hay bienes que tuvieron mejoras entre el 2019 y 2020 respectivamente, detalló el perito.
El abogado defensor de la encausada, Reina Lizzeth Bonilla, Percy Elvir, detalló que “hemos encontrado que de los avalúos que se presentaron durante el juicio son básicamente de los bienes que se les han incautado, lo positivo es que, con los valores retrospectivos presentados por el perito del Ministerio Público, encontramos que los valores están acorde a la compra que se hizo en su momento y que los mismos están relacionados con las escrituras de compraventa”.
“No se ha escondido ninguna transacción anómala tal como lo ha querido hacer ver el Ministerio Público, con la formalización de acusación donde ha referido que el verbo rector en este tipo de lavado de activos es básicamente en el ocultamiento de los bienes adquiridos”.
Los encausados todavía siguen guardando prisión a pesar de que la Corte de Apelaciones Penal declarara ha Lugar cambio de medidas que les permitirá defenderse en libertad, por lo que al hacerse efectivo el cambio de las mismas, los tres quedarán bajo el cuidado y vigilancia de sus abogados, tendrán que presentarse ante el tribunal a firmar, además que tienen prohibido salir del país, así como la prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de comunicarse con determinadas personas.
