viernes, junio 9, 2023

Congreso no ratificará acta y da por hecho adhesión al CAF

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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que no es necesaria de la
ratificación del acta.

Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional, en un documento compartido la madrugada del martes por su titular, Luis Redondo, afirmó que no ratificará el acta de la sesión en la que se aprobó la integración a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El documento, que consta de cuatro páginas, fue bautizado como “Análisis Legal” y en él se establece una serie de justificaciones, “sobre si es obligatorio que el acta de la sesión anterior sea votada y aprobada, para que sólo así un proyecto de ley que ha sido votado y aprobado por el Pleno del Congreso Nacional adopte la forma de decreto, y que, sólo cumpliendo con la votación y aprobación de dicha acta, puede ser enviado, el decreto aprobado, al Poder
Ejecutivo para su sanción en su caso y publicación en el Diario Oficial la Gaceta”.

A continuación, el texto íntegro del documento compartido por Luis
Redondo:
El artículo 215 de la Constitución, establece claramente que “Todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de (3) tres días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley…”.
La norma constitucional, que se encuentra por encima de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y de cualquier otra ley secundaria, demuestra, que una vez votado un proyecto de ley, no sólo adopta la forma de decreto, sino que
también el mismo (decreto aprobado) no debe y no puede ser manipulado, modificado, alterado, mucho menos revertido.

Razón por la que el constituyente estableció que el Congreso Nacional debe enviarlo al Poder Ejecutivo de forma pronta y en un plazo perentorio (a más tardar 3 días de haber sido votado) a fin de que éste le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley.

Un decreto o ley, después de haber sido aprobado por el Pleno de congresistas del Congreso Nacional sólo puede ser revertido, alterado, modificado, o reformado mediante el veto del Poder Ejecutivo, una derogación legislativa y/o
mediante una sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, en concordancia con la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el “TÍTULO VI DE LAS SESIONES Y DEBATES” ya establece claramente cuál es el procedimiento para que un proyecto de ley se
constituya como un Decreto, Decreto Legislativo o Ley.

El proyecto de ley, una vez que ha pasado por todo el procedimiento mencionado en el párrafo anterior y ha sido aprobado por los votos (necesarios para ser aprobado, en este caso) de la mayoría simple de los congresistas
presentes en el pleno del Congreso Nacional, adopta la forma de decreto, tal como lo establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo:
“TÍTULO VI DE LAS SESIONES Y DEBATES.
ARTÍCULO 73.- Todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional,
adopta la forma de decreto, se envía al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de
tres (3) días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en su caso y
lo haga promulgar como Ley…”.

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En este sentido, se vuelve obligado señalar, que algunos medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y algunos congresistas de diversos partidos políticos han aseverado falsamente, que es necesario, obligatorio o indispensable que se ratifique el acta de dicha sesión mediante una votación de la mayoría simple de todos los diputados del Congreso Nacional para que un proyecto de ley tenga el carácter de decreto, pretendiendo violentar con el artículo 215 de la Constitución, el debido proceso (artículo 90 de la Constitución), el principio de legalidad (artículo 95 de la Constitución), el derecho a la información veraz (artículo 74 de la Constitución), la Ley Orgánica del Poder Legislativo (artículo 73), entre otros derechos, principios y disposiciones constitucionales, distorsionando la opinión pública para tratar de revertir la votación que aprobó un proyecto de
ley en la sesión anterior, sin argumentación jurídica alguna, sin invocar ningún artículo constitucional o legal que respalde dicha desinformación.

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