Los llamados decretos que blindan la corrupción apenas requieren 65 votos para su derogación, pero inexplicablemente el CN no los ha eliminado.
Lo anterior al tenor de la visita iniciada este lunes por parte de un grupo de expertos de la ONU que asesorará a Honduras en el establecimiento de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
La misión de expertos de ONU se reunió muy temprano con personeros de gobierno, encabezados por el canciller Enrique Reina, así como el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, y la ministra de Finanzas, Rixi Moncada.
Los expertos se encargarán también de «evaluar los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento».
Además, contribuirán a actividades de asesoría y asistencia técnica, e identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias en la legislación hondureña para el posible establecimiento de la CICIH.
La diputada Fátima Mena.
Reformas pendientes
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, narró que en el encuentro entre la misión de expertos de la ONU y la junta directiva del CN forma parte de la primera parte del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y el organismo mundial.
Mena acentuó que se debe avanzar en la derogación de los pactos de impunidad, “hay que increpar a los jefes de bancada de los partidos políticos para ver quienes quieren que la lucha contra la corrupción sea efectiva en el país”.
A pesar que los decretos que blindan la corrupción han sido plenamente identificados y que no requieren reformas constitucionales no se han podido derogar en casi año y medio de gestión legislativa, los desacuerdos entre las fuerzas políticas son cada vez más evidentes.
Hasta ahora, y el oficialismo en el Legislativo, que no cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional y está obligado a buscar el consenso con las demás bancadas, no ha hecho su parte para cumplir este requerimiento y traer a la CICH, una exigencia que surgió en las calles y que el Partido Libertad y Refundación (Libre), prometió hacerlo realidad.
“Había una promesa muy clara, muy explícita del gobierno de Xiomara Castro, tanto en la campaña como en el inicio de gobierno de crear una CICIH, “sin embargo llevamos un año y medio desde esa promesa de ejercicio de gobierno y ésta aún no se ha materializado”, resaltó la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus en su reciente visita al país.
En esa oportunidad, Goebertus dejó en claro que en el país era evidente la «falta de voluntad política”. “Vemos desafortunadamente que hay quienes hoy hablan de soberanía, de que no haya injerencia externa y nos preocupa que detrás de eso haya un interés por obstaculizar el funcionamiento de la comisión», dijo la directora para las Américas HRW.
Pese a que solo se requieren 65 votos para derogar los llamados pactos de impunidad, no ha existido consenso en el CN para cumplir esos requerimientos de la ONU.
La amnistía política liberó de condenas a varios exfuncionarios del Poder Ciudadano.
Otro de los requerimientos de la ONU es derogar el denominado “pacto de impunidad” que mediante el decreto 4/2022, el Congreso Nacional otorgó una amnistía a exfuncionarios que se desempeñaron durante el mandato del presidente Manuel Zelaya, quienes habían sido investigados, procesados y en algunos casos condenados por “actos propios del ejercicio de su función pública” tras la crisis del 2009.
Pero esta semana trascendió que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró sin lugar uno de los 12 recursos de inconstitucionalidad interpuesto en contra esta ley porque quien lo interpuso, una jueza del Tribunal de Sentencia, Karla Romero lo presentó a título personal.
Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, esta determinación es solo una muestra de que no hay ambiente en el país ni en los partidos políticos para que la CICIH venga al país.
“Este es el camino de una muerte anunciada”, augura tras afirmar que: “ya sobre 18 meses llevamos de gobierno y no es solo por Libre, las bases del Partido Nacional, las del Partido Liberal, todos los que han gobernado el país”.
Por su parte el expresidenciable, Luis Zelaya apunta que hasta ahora lo que se ha visto son “tácticas dilatorias. Es un sí, pero no”.
“Yo creo que la lucha contra la corrupción no tiene que esperar a que haya ambiente. El país ha desbordado en tema de corrupción y a partir de ahí, no podemos esperar a que haya ambiente para luchar contra la corrupción”, dijo.
Zelaya afirma que este es un tema que, «se nos fue de la mano y creo que es momento de poner acción, independientemente si hay o no ambiente”.
