Diversos sectores señalan que la ley violaría preceptos constitucionales y vulnera la privacidad de la población.
La normativa impulsada por el Gobierno busca violentar la privacidad y los derechos fundamentales a la
población, señalan líderes de la sociedad civil.
Sectores advirtieron que dicho dictamen debe ser desechado o en su defecto modificado con el fin de no
contravenir derechos constitucionales al dejar de manera discrecional la facultad de intervenciones
telefónicas a la Secretaría de Seguridad, obviando la petición de una orden judicial.
“Al redactar de esta forma este decreto deja abierta la posibilidad de que alguien pueda intervenir sus
mensajes o llamadas sin una orden judicial, usualmente tienen un trasfondo político”, apuntó el
presidente del Colegio de Periodistas (CPH), Osman Reyes.
“Nosotros no estamos acuerdo, llamamos a los diputados de oposición a que reflexionen y que sobre todo
analicen, esto no puede ser aprobado tal como está”.
No obstante, como un punto de coincidencia, sectores llamaron a establecer dentro de la ley que
intervenciones telefónicas solamente puedan ser realizadas mediante una orden judicial, además del
establecimiento de un listado de causales que sean motivo para peticionar dicha información.
“Sí preocupa un poco en que se salga del juego investigativo y el requerimiento judicial que quede a discrecionalidad de la Secretaría de Seguridad, por lo que creemos que se debe dar una catalogación de los delitos en los cuales se van a utilizar para la solicitud de información”, explicó el analista Luis León.
Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), expresó: “¿Por qué no le hacen un vaciado a los más de dos mil teléfonos que encontraron en los centros penales en su momento?, allí hay una causal para hacerlo, allí contrarrestarían el crimen organizado; pero que estén interesados en lo que habla un periodista, un defensor de derechos humanos o movimiento político eso es un acto irregular e inconstitucional”, añadió.
Las bancadas de oposición manifestaron su desacuerdo con la ley, acordando que
no acompañarían su aprobación si dentro de la misma no son especificadas las órdenes judiciales como la
única herramienta para permitir intervenciones telefónicas. No obstante, pese a que jefes de bancada
fueron convocados ayer a una reunión para consensuar la redacción del dictamen, los parlamentarios se
llamaron al silencio posterior a la “misa negra”, donde ninguno detalló si se lograron o no los acuerdos
para aprobar la ley.
