Además, «pienso en la necesidad de justicia en casos como el de Keyla Martínez y la importancia de fortalecer el Estado de derecho», agregó Shackelford.

Keyla Martínez perdió la vida el 7 de febrero en una celda policial de la ciudad de La Esperanza, en Intibucá, al occidente de Honduras, después de ser detenida por alterar el orden público en horarios restringidos debido a la pandemia del covid-19.

Un tribunal de justicia condenó el jueves 14 de septiembre a un policía de nombre Jarold Perdomo por el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión en perjuicio de Keyla.

Tanto el Ministerio Público como la defensa privada de la joven, quien estaba a punto de graduarse como licenciada en enfermería en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), anunciaron su intención de presentar un recurso de casación, ya que habían solicitado que Perdomo fuera condenado por femicidio agravado.