Por: Óscar Lanza Rosales
La decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos de América (EUA), con la intención de darlo por terminado en los próximos seis meses bajo el argumento de respeto a la soberanía nacional, por las razones ya conocidas, ha causado gran sorpresa entre la mayoría de los hondureños.
El Tratado de Extradición había desempeñado un papel crucial en la reducción de la actividad de los carteles de la droga en Honduras, debido al temor de sus líderes de ser extraditados a EUA y enfrentar penas que pueden incluir la cadena perpetua. Por esta razón, la decisión de la presidenta Castro ha generado un amplio rechazo entre los hondureños, quienes no confían en la capacidad de las instituciones nacionales, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, para enfrentar eficazmente a los narcotraficantes y lavadores de dinero. Honduras, con un 80% de su población viviendo en la pobreza, una corrupción generalizada y una impunidad judicial superior al 90%, se ha convertido en un terreno fértil para estas actividades ilícitas.
La mayoría coincidimos en que esta errada decisión traerá consecuencias nefastas para el país. Se prevé un incremento en la actividad del crimen organizado, especialmente en el narcotráfico y las maras, que son responsables del narcomenudeo. Además, es probable que aumente la corrupción en las filas de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas, el sector empresarial y la sociedad en general, debido a la tentación del dinero fácil. Esto también podría afectar a la clase política, para quien el dinero es, como se dice, «su leche materna».
En América Latina y el Caribe (ALYC), más de 10 países tienen Tratados de Extradición con EUA, incluyendo naciones con instituciones mucho más sólidas que las de Honduras, como Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia y México, los cuales han realizado numerosas extradiciones. Según los gobernantes de estos países, estos tratados son fundamentales para combatir, prevenir y disuadir el crimen transnacional, así como para fortalecer la justicia, proteger los derechos humanos y fomentar la cooperación bilateral en materia de información y asistencia legal.
EUA ha estado prestando atención a la gravedad del narcotráfico en ALYC desde el gobierno de Richard Nixon en los años 70, en colaboración con los países de la región. Aunque algunos de los planes implementados han fracasado o no han alcanzado el éxito deseado, la cooperación ha sido constante.
El doctor Norberto Emmerich, en su libro Geopolítica del narcotráfico en América Latina, ofrece un análisis detallado de cómo EUA aborda el problema. Según él, EUA ha identificado el narcotráfico en ALYC como un problema que excede las capacidades de las fuerzas policiales nacionales y que requiere medidas excepcionales, bajo las consideraciones siguientes:
- Es un problema profundamente arraigado en países como México, Colombia y Brasil, pero se extiende por todo el subcontinente.
- Es una amenaza para la seguridad internacional y la gobernabilidad nacional.
- Es un problema que debe enfrentarse mediante políticas de «lucha», «guerra» o «combate».
- Una lucha que debe llevarse a cabo con mecanismos de cooperación y solidaridad internacional, como la Iniciativa Mérida o el Plan Colombia.
- Las fuerzas policiales y militares nacionales, no han podido superar el poder del narcotráfico.
Como señala el destacado analista venezolano Moisés Naím, “el narcotráfico es una de las amenazas más latentes en la historia reciente de ALYC.
A pesar de la cooperación financiera y técnica de EUA, especialmente durante la administración de Barack Obama (2009-2017), Honduras y los demás países de Centroamérica aún no han logrado resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, en homicidios, según el último estudio mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Honduras encabeza la lista en ALYC, con 38 asesinatos por cada 100,000 habitantes, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas.
En cuanto a las incautaciones de cocaína en 2023, Honduras país de tránsito, fue superada por países como Ecuador (195 toneladas), Panamá (96 toneladas), Brasil (72 toneladas) y Costa Rica (21 toneladas), lo cual demuestra que Honduras no ha sido eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Por esta razón, antes de tomar una decisión tan trascendental, la presidenta Castro debió consultar con todos los sectores, principalmente con los que estarán expuestos al auge del crimen organizado en el país. Aún hay tiempo para rectificar presidenta Castro, como dice el refrán: «Rectificar es de sabios».
