Tegucigalpa, Honduras — 26 de marzo de 2026
Con un respaldo de 93 diputados provenientes de al menos cuatro bancadas, el pleno legislativo aprobó la resolución final que pone fin a la gestión de Zelaya al frente del Ministerio Público, en un hecho que ya es considerado como uno de los episodios más significativos en la vida institucional reciente del país.
Un proceso que concluyó sin su presencia
La decisión del Legislativo se produjo en ausencia del ahora exfiscal, quien, pese a haber sido formalmente convocado, no compareció ante el hemiciclo en la fase final del juicio político. Esta situación fue determinante en el avance del proceso, ya que, según los congresistas, se interpretó como una renuncia a su derecho de defensa en esa instancia.
El juicio político contra Zelaya se desarrolló tras su suspensión previa, luego de que una Comisión Especial del Congreso iniciara una investigación sobre su desempeño al frente del Ministerio Público.
Informe señala irregularidades en su gestión
Durante la sesión, la Junta Directiva del Congreso dio lectura al informe final elaborado por la comisión investigadora, en el cual se detallaron una serie de hallazgos que apuntan a presuntas violaciones constitucionales, negligencia en el ejercicio del cargo y falta de independencia funcional.
El documento fue sustentado en un conjunto de pruebas documentales, así como en los testimonios de al menos siete comparecientes que participaron en las audiencias públicas. A partir de estos elementos, la comisión concluyó que existían fundamentos suficientes para atribuir responsabilidad política a Zelaya.
En consecuencia, los integrantes de la comisión recomendaron al pleno legislativo proceder con su destitución, recomendación que finalmente fue respaldada por la mayoría de los diputados presentes.
Defensa del proceso legislativo
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la legalidad y legitimidad del procedimiento, asegurando que se respetaron todas las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución.
Zambrano enfatizó que la inasistencia de Zelaya al pleno fue una decisión personal que no podía frenar el avance del juicio político.
“Él decidió no presentarse ante este poder del Estado. Este Congreso ha actuado conforme a la ley y ha garantizado el respeto al proceso constitucional”, expresó durante su intervención.
Un precedente con impacto político e institucional
La destitución de Johel Zelaya marca un precedente relevante en la historia política de Honduras, al tratarse de uno de los pocos casos en los que un alto funcionario es separado de su cargo mediante un juicio político.
Con este desenlace, se abre una nueva etapa para el Ministerio Público, mientras el país continúa atento a las repercusiones de un proceso que, sin duda, marcará la dinámica política nacional en los próximos años.
