En Bolivia se puede ir a la cárcel, con una pena entre 7 y 12 años, por intentar convencer a otros de que ingresen en una congregación religiosa o cualquier asociación cristiana.
«Es decir, que si llevamos a una persona o a un grupo de campamento ¿nos van a denunciar?; ¿no voy a poder salir a la calle de predicar el evangelio?», cuestionó el pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de la Iglesias Evangélicas de La Paz. En su opinión, el mencionado artículo atenta contra su labor «especialmente en la ayuda al necesitado y en la restauración de hogares disfuncionales; afecta además a su labor de captar, acoger y ayudar a personas presas en vicios tales como alcoholismo y la drogadicción».
