El Gobierno de Joe Biden anunció la reapertura, a partir del 19 de febrero, de los casos de los solicitantes de asilo devueltos a México por un programa de Trump, conocido como Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) o «Remain in Mexico» (Permanecer en México).

El plan obligaba a estas personas a esperar en México sus citas en cortes de inmigración estadounidenses.

Desde enero de 2019 dejó a decenas de miles de migrantes en el norte de México, a merced del crimen organizado y de la inseguridad, una peligrosa situación que refleja este informe de HRW con datos duros y migrantes entrevistados.

Según la ONG, se envió a más de 71.000 solicitantes de asilo a México. Y, desde marzo de 2020, se expulsó a más de 400.000 migrantes desde Estados Unidos, muchos de ellos a México y aprovechando las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

«Los entrevistados han señalado que temían denunciar delitos y abusos sufridos en México a las autoridades mexicanas y que, a menudo, no podían obtener los documentos que necesitaban para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela», apuntó el documento.

Además, HRW recabó información de familias secuestradas en México que no pudieron continuar con su petición de asilo, y otras que fueron trasladadas al sur del país, «a miles de kilómetros de donde estaba programada su audiencia».