El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes un informe sobre las prácticas de derechos humanos en Honduras durante 2022, en el que resaltó que la corrupción y la falta de transparencia fueron dos problemas graves en el primer año del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).
El informe resalta, principalmente, que el 2 de febrero de 2022 el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley de amnistía política.
La misma incluye, entre otras, la absolución de delitos penales, tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
En ese sentido, el Departamento de Estado rescató que la ley de amnistía absolvió de algunos de esos delitos a funcionarios que trabajaron durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), quien fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 por promover un proyecto de constituyente a través de una consulta popular denominada «Cuarta Urna».
Zelaya, más conocido como «Mel», es esposo y asesor presidencial de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Además de ser el coordinador general del partido Libre.
Entre los funcionarios beneficiados se encuentran el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción.
Un sistema judicial débil
El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que, ante la corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno, «las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental».
«El Gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas», recalca el informe.
Asimismo, agrega que la corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad.
El informe, además, evaluó aspectos como las cuestiones importantes de derechos humanos incluyendo informes de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado.
Asimismo, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
