Tegucigalpa, Honduras – 8 de febrero de 2026
El debate sobre la aplicación del juicio político en Honduras volvió a encenderse tras las declaraciones del diputado liberal Rashid Mejía, quien afirmó que si esta figura no se activa contra altos funcionarios del aparato de justicia, el país continuará sumido en la impunidad durante los próximos cuatro años.
A través de su cuenta en la red social X, Mejía lanzó un mensaje contundente en el que exigió la inmediata aplicación del juicio político. “¡Juicio político ya!”, escribió el legislador, al tiempo que advirtió que, de no aprobarse esta herramienta en el Congreso Nacional durante el próximo cuatrienio, no habrá justicia en el país.
El parlamentario sostuvo que la falta de acciones firmes contra funcionarios señalados de corrupción debilita la institucionalidad y alimenta la percepción de desigualdad ante la ley. “Causa asco ver cómo dos corruptos que usaron millones del Estado se defienden en libertad, se burlan de Honduras, mientras un pobre diputado que se robó una gallina para comer lo enchachan y lo meten preso”, expresó en su publicación, en un mensaje que rápidamente generó reacciones encontradas en el ámbito político.
Para Mejía, el juicio político es una herramienta clave para depurar responsabilidades en los más altos niveles del Estado y enviar un mensaje claro contra la corrupción. Insiste en que sin voluntad política para activarlo, los próximos cuatro años estarán marcados por la ausencia de justicia efectiva.
La postura del Congreso Nacional
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reconoció en su más reciente comparecencia que el tema del juicio político contra funcionarios continúa en la palestra pública y no ha sido descartado.
Zambrano explicó que será en las próximas semanas cuando los diputados determinen si este mecanismo puede tomar forma dentro del Legislativo. No obstante, aclaró que hasta el momento ningún congresista ha presentado formalmente una iniciativa o solicitud específica de juicio político contra determinado funcionario.
El titular del Congreso también recordó que la aprobación de un juicio político requiere una mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos de los 128 diputados que conforman el hemiciclo. “Y solo con mi partido (Nacional), que somos 49, no podemos presentarlo”, señaló, dejando claro que se necesita un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas.
En ese sentido, Zambrano indicó que el tema deberá esperar a que exista una propuesta concreta respaldada por los números necesarios. “Eso tenemos que esperarlo en los próximos días y lo que no puedo es asegurarlo y tampoco descartarlo”, argumentó.
Un debate que trasciende lo político
Las declaraciones de Rashid Mejía y la respuesta de Tomás Zambrano reavivan una discusión de fondo sobre la eficacia de los mecanismos de control político en Honduras. Mientras algunos sectores consideran que el juicio político es indispensable para combatir la corrupción y garantizar transparencia en el ejercicio del poder, otros advierten que su uso podría convertirse en un instrumento de confrontación partidaria si no se maneja con criterios estrictamente jurídicos.
El cruce de posturas evidencia la tensión existente en torno a la rendición de cuentas en el país. Para Mejía, la falta de acción representaría un mensaje de permisividad frente a supuestos abusos en el manejo de recursos públicos. Para Zambrano, cualquier avance en esa dirección dependerá del respaldo legislativo suficiente y de que se cumplan los procedimientos establecidos por la ley.
En medio de un contexto político marcado por señalamientos de corrupción y exigencias ciudadanas de mayor transparencia, el juicio político vuelve a colocarse como una pieza central en la agenda nacional. La decisión final recaerá en la capacidad de los diputados para construir consensos y definir si esta figura jurídica será activada o permanecerá, una vez más, en el terreno del debate.
Lo cierto es que, como advirtió Rashid Mejía, el tema no pasará desapercibido en los próximos meses y promete convertirse en uno de los puntos más sensibles del actual periodo legislativo.
