Carolina Alduvín
Ahora resulta que algunos medios anuncian con bombo y platillo que el inviable proyecto de construir una cárcel de máxima seguridad en el Parque Nacional Marino ubicado en Islas del Cisne, está descartado, luego de tres licitaciones fracasadas. Nadie, ni siquiera los reporteros que buscan reacciones de parte de los defensores del área protegida, han presentado evidencia por escrito. La pitoreta no ha publicado ofi cio alguno, donde instruya a sus serviles subalternos a descartar la descabellada ocurrencia. Ellos mismos se niegan a ser entrevistados por los medios, para no tener que admitir que sus alucinaciones se estrellaron contra la falta de garantías bancarias.
Sus afanes, no sirvieron más que para malversar una nada despreciable cantidad de fondos, dilapidados en estudios no favorables a su capricho y otros renglones improductivos. Filtran los mismos medios que en lugar de un presidio, se prevé instalar un destacamento militar de las FFAA, dizque para control y vigilancia en el Caribe. La población sabe que desde que la soberanía sobre el archipiélago fuera devuelta a Honduras, ya existe un apostadero de la Naval. O sea, las suspicacias persisten, acerca de los motivos inconfesables para tener instalaciones operando en plena ruta de comprobado uso por cárteles del narcotráfi co. Además, según se jactan, la cuestionada construcción fi gura en el presupuesto del 2025 con altísima asignación, cual si fuera en territorio insular. Según cálculos de los expertos, el costo en tierra fi rme, cualquiera sea el diseño y especifi caciones, es apenas una quinta parte de lo presupuestado a 20 horas de distancia del puerto más cercano.
¿A dónde van las otras cuatro quintas partes? Después de todo, el costo del capricho nunca cuadró con sus ambiciones, no hemos visto la anulación de PCM alguno, de esos que dieran origen a la controversia que lleva unos quince meses llenando las agendas de radio, TV, prensa y redes sociales. El empecinamiento de un par de acémilas –con la debida disculpa a las bestias– debe ser cuantifi cable, reparable y con lugar a formación de causa. No importa que doña consuegra gire órdenes de que no proceda; ya alguien con estudios de derecho y con autoridad sobre uno de ellos, advirtió el peligro. Los memes dicen que ella es la que manda, así que veremos de los poderes entre reinas, cual gana. En cuanto al suertudo, las quejas en cuanto a la inoperancia de la secretaría a su cargo y de su brazo operativo, no paran de acumularse. Hace poco más de un mes, un medio impreso denunció en su portada que la burocracia a cargo de emitir licencias ambientales está frenando proyectos productivos por un monto de 4,145 millones de lempiras.
Lo que representa un enorme desincentivo a las inversiones, al menos catorce mil puestos de trabajo que dejan de crearse por falta de licencias, con la consiguiente declinación de las actividades económicas y circulante –seguramente atendiendo las torpes instrucciones de ya sabemos quién. Una gran cantidad de proveedores de servicios ambientales PSA y técnicos forestales califi cados TFC, ven mermada o anulada su actividad económica por caprichos muy reparables de una caterva de ignorantes, dotados de un poder muy temporal, que según ellos los autoriza a no dar respuesta, en sentido alguno a los solicitantes. Ciudadanos que en uso de su derecho cumplen lo prescrito por la Ley. Eso sí, la gobernante –que no se cansa de ponernos en ridículo– de la manera más hipócrita, se proclama paladín de la defensa de nuestros recursos naturales y de los bienes ambientales de la nación en cuanto foro internacional se presentan, sin importar si lo hace ante un recinto lleno, o apenas con unos cuatro serviles de su comitiva como oyentes. Pero volviendo al tema del centro penitenciario, ahora la amenaza de erigirlo apunta a otra área protegida, centro de confl ictos en las últimas semanas.
Donde los pobladores han sido expulsados mediante explosiones provocadas para derribar sus humildes viviendas y para destruir sus cultivos de subsistencia, mientras el familión rellena sus alforjas con el producto de miles de rastras cargadas con troncos maderables, extraídos de las mismas áreas protegidas que dicen defender. Un nuevo centro penal debería construirse en una de esas áreas de ya muy difícil recuperación, donde se ponga a laborar a los internos, al menos para producir o pagar por su alimentación. Debe emitirse una legislación que prevenga a las organizaciones criminales o a sus testaferros, de apoderarse de los terrenos circundantes y aislar efectivamente a los reclusos.
