Tegucigalpa, Honduras – 26 de febrero de 2026
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, manifestó que los diputados que integraron la Comisión Permanente durante la anterior administración del Congreso Nacional deberían enfrentar un juicio político por supuestas violaciones a la ley y a la Constitución de la República.
El congresista señaló que, aunque considera que existen fundamentos para impulsar este mecanismo, la normativa establece que se requieren al menos 86 votos en el pleno del Congreso Nacional para que el proceso pueda avanzar. “Yo pensaría que deben de ser sometidos a juicios políticos los diputados de la comisión permanente, por ejemplo, porque violaron la Ley y la Constitución, pero hay que ver si hay 85 más que piensan como yo”, expresó.
Cálix subrayó que su postura responde a la convicción de que todo funcionario que haya atentado contra el Estado de Derecho y la democracia debe rendir cuentas. No obstante, advirtió que presentar un requerimiento sin contar con el respaldo necesario sería un error estratégico. “Sin tener los votos es simplemente quemar un cartucho”, afirmó, recordando que la ley impide volver a presentar un juicio político contra la misma persona hasta después de un año si la iniciativa no prospera.
En el debate también intervino la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, quien confirmó que el juicio político contra funcionarios señalados de “atentar contra la democracia” es una posibilidad real y responde, según dijo, a un “clamor de la gente”.
Bermúdez indicó que el Legislativo trabaja en reformas a la Ley de Juicio Político, luego de que Honduras perdiera un caso en instancias internacionales, con el objetivo de garantizar un marco jurídico más sólido que permita un análisis coherente y apegado a derecho.
La congresista explicó que las acciones podrían dirigirse contra quienes habrían instrumentalizado el Ministerio Público con fines políticos o interferido en procesos electorales. En ese contexto, mencionó señalamientos que coinciden con las actuales funciones del fiscal general Johel Zelaya y del consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.
El debate sobre la viabilidad del juicio político se mantiene en el Congreso Nacional, donde las distintas bancadas deberán definir si existen los consensos necesarios para impulsar una acción de esta naturaleza, en medio de un escenario político marcado por tensiones y cuestionamientos sobre la institucionalidad democrática del país.
