La captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, volvió a colocar bajo la mirada pública uno de los casos más sensibles y polémicos de los últimos años en Honduras: el asesinato del ambientalista y regidor municipal Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el departamento de Colón.
La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fiscales del Ministerio Público durante una serie de allanamientos realizados en Tocoa, como parte de la operación denominada “Guardián de la Vida”. Según las autoridades, Fúnez es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen que conmocionó al país y provocó condenas internacionales.
El Ministerio Público informó que, además de Fúnez, otro individuo fue capturado y una tercera persona permanece bajo búsqueda. Las investigaciones incluyen análisis forenses de llamadas telefónicas, vaciados digitales y pruebas enviadas a laboratorios especializados en Estados Unidos y Costa Rica.
La muerte de Juan López marcó un antes y un después en la conflictiva relación entre defensores ambientales, autoridades locales y sectores vinculados a proyectos extractivos en la región del Bajo Aguán. López era reconocido por su lucha contra la minería y por su oposición al proyecto minero Guapinol, impulsado por la empresa Los Pinares en las cercanías del Parque Nacional Carlos Escaleras.
El ambientalista también integraba el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización que durante años denunció contaminación ambiental, amenazas y criminalización contra líderes comunitarios. Diversos sectores sostienen que López había recibido intimidaciones por su postura crítica frente a intereses económicos y políticos en Colón.
La noche del asesinato, López salía de un servicio religioso cuando fue atacado a disparos dentro de su vehículo en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. Informes preliminares indicaron que sujetos armados le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.
Desde el inicio de las investigaciones, el nombre de Adán Fúnez comenzó a aparecer en medio de fuertes señalamientos públicos. Días antes del crimen, López había exigido la renuncia del entonces alcalde luego de la difusión de un narcovideo en el que aparecía Fúnez junto a figuras políticas y supuestos narcotraficantes.
Aunque el exedil negó reiteradamente cualquier vínculo con el asesinato, informes periodísticos y versiones surgidas durante las investigaciones aseguraban que existían comunicaciones entre Fúnez y algunos de los presuntos sicarios capturados por el caso. El propio exalcalde denunció posteriormente ser víctima de una “persecución política” dentro de su partido.
Hasta antes de la reciente captura de Fúnez, tres personas guardaban prisión por ser consideradas autores materiales del asesinato. Sin embargo, organizaciones sociales insistían en que aún faltaba identificar y procesar a quienes habrían ordenado el crimen.
El caso también provocó reacciones internacionales. Medios como Associated Press compararon el asesinato de Juan López con el de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, al considerar que ambos reflejan el alto riesgo que enfrentan los defensores ambientales en Honduras.
Diversos informes han señalado que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden recursos naturales y territorios comunitarios. Organizaciones ambientales denuncian que la combinación entre narcotráfico, corrupción y conflictos extractivos ha incrementado la violencia en regiones como Colón.
