La mitad del total de las empresas exoneradas continuarán gozando de sus privilegios fiscales por más de una década, en base al principio de respeto a los derechos adquiridos de la reforma tributaria, descartándose el despido masivo de trabajadores, según autoridades estatales.
El resto de empresas irán perdiendo esos incentivos de forma paulatina en menos años, pero podrán adherirse a dos nuevos regímenes que se crean con la “Ley de Justicia Tributaria” y sujetas a metas de creación de empleos, exportaciones y generación de divisas.
Una de las preocupaciones es que de aprobarse la “Ley de Justicia Tributaria”, se vengan despidos masivos e incrementos generalizados de precios de bienes de consumo masivo.
El sector privado rechaza este proyecto y propone reformas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta, Sobre Ventas y la introducción de un “Monotributo” a la economía sumergida, para ampliar la base de contribuyentes. En ese sentido, el director del SAR descarta que se tomen en cuenta estas observaciones ya que “en ningún lugar del mundo el obligado tributario hace la ley”.(JB)
